Por Carlos Bustamante Salvador
Se define como una alta dependencia de la población a la protección económica del estado que implica subcontratación de servicios, que permite mantener redes de clientelismo, provocando en las familias dependientes la pérdida de la capacidad para generar por si mismos su propio desarrollo, contrariando así, el incremento de la riqueza nacional y la activación del sistema de producción.
Mientras los principios generales de la economía propenden a la eficiencia, sustentabilidad, eliminación de la indigencia, reducción de desempleo y subempleo, entre otros, miramos con asombro como el dispendio del gasto público aumenta insaciablemente cada día más en un estado burocrático, obeso, en el incremento de los subsidios de los bonos de la pobreza, de la vivienda, de la energía eléctrica, etc, que ponen en grave riesgo la dolarización y desestabilizan la economía del país.
A esto habría que añadir el artículo 303 del Proyecto de Constitución, denominado con infinito amor, que manifiesta taxativamente que la formulación de las políticas monetaria, cambiaria, crediticia y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva, en concordancia con el artículo 423, numeral 1, donde el Estado Ecuatoriano se compromete a impulsar la integración económica y monetaria con los países de América Latina y el Caribe.
Cabe aquí varias interrogantes: ¿Es la desdolarización una meta realista?, ¿Se están tomando los fondos del IESS para el pago de los subsidios?, ¿El crecimiento económico del país, con una inflación de dos dígitos en dólares, será menor al del año 2007, 1,86?.
La situación actual es dramática, el centralismo total lleva tan solo a la obnubilación y a crear brechas muy grandes en la sociedad, polarizando y guiando el pensamiento de los ciudadanos con fines totalitarios.
