domingo, 23 de mayo de 2010

CARTA AL SR MINISTRO DE GOBIERNO

Quito, D.M. a 20 de mayo del 2010

Señor doctor
Gustavo Jalkh
MINISTRO DE GOBIERNO, POLICIA Y CULTOS
Presente

Señor Ministro:

La Constitución Política en su Art. 163, en concordancia con los Arts. 2, 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y de su Reglamento en el artículo 13, determina de forma clara y explícita la misión de la Institución Policial: “atender la seguridad ciudadana y el orden público”, “garantizar el orden interno y la seguridad individual y social”.

La deslegitimación de la Policía Nacional en la última década, involucra a los miembros Policiales en actos de corrupción, abuso de poder y narcotráfico; violación de los derechos humanos y extorsión; desprotección ciudadana y ausencia de supervisión; producto de una administración de justicia propia, interna, jerárquica que cumple órdenes, paralela a la administración de justicia ciudadana, que flagrantemente viola la Constitución y desconoce la unidad jurisdiccional.

La inestabilidad del personal, su selección desacertada; la precaria capacitación; la ausencia de personal operativo en las ciudades; la incompetencia y negligencia de la policía comunitaria; y, la inequitativa distribución salarial entre oficiales y personal en servicio activo y pasivo, constituyen factores determinantes, urgentes de cambio de las políticas del mando, depuración interna y de reforma.

La reforma policial plantea la descentralización jerárquica en una sola cabeza, el Comandante General; la desconcentración burocrática del personal, que los cuarenta y dos mil policías en todas las jerarquías cumplan con la misión y visión que la ciudadanía les entregó, esto es de seguridad interna y protección permanente en todo momento a las personas y los bienes; la reforma de la Ley Orgánica que mantiene a más de 38 servicios, muchos de ellos sin presupuesto y sin funciones claras; reforma de la Ley de Personal, que permita la especialización en áreas de Investigación, Inteligencia, Antinarcóticos, Tránsito y Migración de los miembros policiales y su estabilidad y permanencia en los mismos.

Además, para recobrar la confianza en el uniformado, es necesario efectuar de manera urgente una auditoría por una empresa calificada y con personal civil, que permita determinar claramente los uniformados en todas las jerarquías que se hallan incursos en malas prácticas, que poseen un record de faltas disciplinarias, infracciones y delitos comunes, para separarlos definitivamente de las filas policiales por deshonrar y denigrar con su procedimiento a la Institución.

Con lo expuesto se permitirá la existencia de una policía de proximidad, responsable, operativa, democrática, que garantice el manejo transparente de la información pública, de manera que se facilite la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general; la rendición de cuentas y su fiscalización a través de las veedurías ciudadanas.

Agradezco la amble y gentil atención a la presente, reiterando mis sentimientos de consideración y estima.

Del Señor Ministro, atentamente,

Carlos Bustamante Salvador
C.I. 1704412301-1

¿LA EDUCACION EN EL LIMBO?

Por: Carlos Bustamante Salvador
Realmente preocupante es la situación de la educación media en el país, los bachilleres que egresan de los diferentes centros educativos, miran con asombro que sus conocimientos no están lo suficientemente consolidados para continuar con sus estudios superiores. El Ministerio de Educación concede permisos a escuelas y colegios sin previa investigación, no es raro que en una casa de tres pisos funcione un centro educativo privado, donde los estudiantes se hallan en niveles infrahumanos de hacinamiento en condiciones antipedagógicas y cancelando pensiones onerosas.
La expansión a razón de dos universidades por año que ofertan un total de 3309 títulos académicos de los cuales 2000 corresponden al tercer nivel y aproximadamente 950 a cuarto nivel, con un nivel de precarización docente y baja calidad académica, con costos altísimos semestralmente, no garantizan profesionales formados críticamente con niveles científicos, tecnológicos y culturales de excelencia.

El deterioro de las universidades públicas fue el camino idóneo para la mercantilización de la educación superior, proliferando centros universitarios que con ofertas académicas caóticas, desreguladas no cumplen con las necesidades básicas para el desarrollo socioeconómico nacional y personal.

¿Quién controla los cobros de costos altísimos de la educación superior, en un país donde la precarización económica es de todos?, ¿La ley de educación superior debe normar la política económica, de excelencia y no discriminar el acceso de quienes aspiran educarse en cualquier universidad?