EL FRAUDE ENERGÉTICO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL

Y PATRIMONIAL DEL ESTADO

 

El colapso del sistema eléctrico en el Ecuador no es un desastre natural ni una conspiración ideológica: es un crimen de gestión pública. Intentar diluir la compra de chatarra termoeléctrica bajo la retórica gubernamental de "los odiadores" o justificar el racionamiento forzado a las industrias como un acto de gobernabilidad es una afrenta directa al ordenamiento jurídico. En el estricto derecho constitucional y administrativo, estamos frente a una configuración flagrante de responsabilidad penal y patrimonial directa de la administración de Daniel Noboa, cuyos actos han quebrado el principio de seguridad jurídica y asfixiado el aparato productivo del país.

El análisis legal objetivo no permite matices ni ambigüedades. Las responsabilidades están tipificadas y las vías de demanda patrimonial contra el Estado están plenamente habilitadas bajo los siguientes pilares de fuerza legal:

1. La Responsabilidad Patrimonial Objetiva del Estado (Art. 11.9)

El artículo 11, numeral 9, en concordancia con el artículo 53 de la Constitución de la República establece un principio dogmático irreversible: "El Estado será responsable civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas particulares por la negligencia o deficiente prestación de los servicios públicos".

·       La energía eléctrica es un servicio público estratégico (Art. 314) cuya continuidad es obligación ineludible del Ejecutivo.

·       Las cámaras de la producción, industrias y comerciantes no deben rogar por soluciones; tienen la facultad legal de interponer de manera masiva Acciones Subjetivas o de Plena Jurisdicción ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

·       Al existir informes oficiales de la Contraloría que cifran el perjuicio en más de 140 millones de dólares por contratos fallidos (como Progen y ATM), se configura la prueba plena de la falta de servicio. El Estado está obligado por ley a indemnizar el daño emergente y el lucro cesante de cada fábrica y negocio paralizado por decisiones arbitrarias.

2. Desviación de Poder y Arbitrariedad en el Consumo Industrial

Exigir de manera autoritaria y unilateral la suspensión del consumo eléctrico por 72 horas al sector empresarial, bajo amenazas del uso de la fuerza pública, constituye una desviación de poder y una flagrante violación al artículo 82 de la Constitución (Seguridad Jurídica).

·       El régimen jurídico no faculta al Secretario de la Administración Pública ni al Presidente a confiscar indirectamente la capacidad productiva de los privados sin un Estado de Excepción dictaminado por la Corte Constitucional que justifique la proporcionalidad y la compensación económica de la medida.

·       Toda disposición verbal o memorando que carezca de motivación técnica es nulo, e impone responsabilidad civil y administrativa personal sobre los funcionarios que firmaron dichas órdenes.

3. Delincuencia Institucionalizada y el Fraude Eléctrico

Las acciones de la Contraloría y de la Fiscalía General del Estado no admiten dobles lecturas políticas en un editorial técnico. El Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por el organismo de control penaliza actos que encajan estrictamente en el delito de peculado (Art. 278 del COIP).

·       Adquirir a sabiendas generadores viejos, incompatibles e inservibles que hoy operan como chatarra no es un error de cálculo; es un desvío deliberado de fondos públicos en beneficio de contratistas particulares.

·       Que la Asamblea Nacional utilice su mayoría oficialista de ADN para bloquear juicios políticos contra las autoridades del sector solo demuestra la cooptación de la función fiscalizadora, pero no extingue la acción penal. Los delitos contra la administración pública son imprescriptibles, y el archivo legislativo de un juicio no vincula ni frena las investigaciones penales ordinarias que la Fiscalía está obligada a judicializar sin dilaciones ni dictámenes abstentivos selectivos.

El Ecuador no enfrenta un bache eléctrico; enfrenta un fraude institucionalizado. Los ciudadanos y los gremios productivos tienen el deber cívico y el derecho legal de activar las demandas de repetición y de reparación integral contra el Estado. Cuando un gobierno prefiere apagar el país antes que transparentar sus contratos y someterse al imperio de la Constitución, la única respuesta institucional válida y contundente es activar las demandas de indemnización hasta que los gobernantes respondan con su propio patrimonio por la ruina económica impuesta a la nación.

 

CARTA ABIERTA AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

A las autoridades del Pleno del Consejo Nacional Electoral:

Como ciudadano del Distrito Metropolitano de Quito y de la provincia de Pichincha me dirijo a ustedes en un momento de profunda alarma democrática. Mientras el país exige transparencia, orden institucional y debates de altura, asistimos con indignación a un proceso preelectoral donde la fiscalización por parte de este organismo brilla por su ausencia, permitiendo que la carrera por la Alcaldía y la Prefectura se convierta en un mercado de impunidad y demagogia descontrolada.

Es de conocimiento público que las campañas electorales ya se están ejecutando activamente en las pantallas de millones de ciudadanos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral se muestra incapaz e incompetente para controlar el uso y el gasto real en redes sociales. Bajo su mirada pasiva, las plataformas digitales se han inundado de pauta millonaria de origen desconocido, convirtiendo el debate político en un espectáculo de coreografías vacías y videos cómicos diseñados para evadir la ley y manipular al electorado.

Exigimos que el CNE cumpla de manera inmediata con sus funciones constitucionales a través de las siguientes acciones urgentes:

• Auditoría y control del gasto digital: Transparentar y fiscalizar de forma estricta los fondos destinados a la pauta en redes sociales (TikTok, Meta, X, YouTube), imputando estos valores de manera directa al gasto electoral de los partidos.
• Frenar las falacias y ofertas demagógicas: Implementar mecanismos rigurosos de verificación pública de los planes de trabajo inscritos, impidiendo que candidatos con pasados judiciales cuestionables o investigaciones pendientes sigan utilizando el espacio público para difundir mentiras sistemáticas.
• Garantizar la equidad en la contienda: Detener el uso proselitista de recursos y cargos públicos por parte de burócratas y exfuncionarios que utilizan sus plataformas institucionales como trampolín publicitario personal.

La pasividad del CNE frente al caos digital no es neutralidad; es complicidad con la degradación de la democracia. Los ciudadanos no toleraremos un proceso electoral viciado por la falta de control. Exigimos una autoridad electoral firme, técnica y con la valentía necesaria para hacer respetar la ley y garantizar un voto verdaderamente informado.

Atentamente, 

Abg. Carlos Eduardo Bustamante Salvador

 

 

EL LABERINTO DE LA DESMEMORIA 

!QUITO Y PICHINCHA ANTE EL ESPEJO DEL VOTO CONSCIENTE!

El Distrito Metropolitano de Quito y la provincia de Pichincha se aproximan a una encrucijada electoral que se siente trágicamente familiar, pero que esta vez arrastra una gravedad sin precedentes. Para el ciudadano de a pie, revisar la papeleta electoral para la Alcaldía y la Prefectura ya no solo provoca apatía; genera una profunda indignación. Estamos atrapados en un bucle institucional perverso donde los nombres se repiten, las banderas cambian de color según la conveniencia del día y las promesas se desvanecen al segundo siguiente de la posesión del cargo. Es hora de romper el silencio y confrontar la realidad: nuestra democracia local ha sido secuestrada por el pragmatismo feroz del poder por el poder.

Asistimos a un escenario de absoluta degradación ética. El tablero electoral nos devuelve el reflejo de un sistema en descomposición donde candidatos que arrastran juicios, glosas, destituciones previas e investigaciones penales pendientes pretenden presentarse con desparpajo como los salvadores de una capital asfixiada. Paralelamente, el transfuguismo y el camaleonismo ideológico se han normalizado bajo el amparo de la impunidad política. Figuras que nacieron políticamente en una doctrina específica hoy mutan sin vergüenza alguna hacia tiendas opuestas, negando su pasado y ensayando discursos falsos diseñados exclusivamente para engañar al electorado. El mensaje que envían a la juventud y a la ciudad es devastador: las convicciones no importan; lo único permanente es la ambición desmedida por capturar la estructura pública y los recursos del Estado.

Esta alarmante distorsión democrática encuentra su principal caja de resonancia en el ecosistema digital. Actualmente, las campañas ya se están ejecutando con total agresividad en las pantallas de nuestros teléfonos móviles, operando en una absoluta impunidad fiscalizadora. El Consejo Nacional Electoral (CNE) se muestra una vez más incapaz, incompetente o cómplice al no controlar el uso y el gasto desmedido en las redes sociales. En este vacío de regulación, el debate político serio se ha degradado a un burdo espectáculo de coreografías vacías, videos cómicos de TikTok y pauta digital millonaria de origen dudoso.

A través de estas plataformas, los candidatos bombardean al electorado con ofrecimientos mesiánicos y demagógicos. Construyen con absoluta audacia la falacia de que conocen la problemática total de la ciudad y la provincia, vendiendo la ilusión de que poseen fórmulas mágicas para solucionar crisis estructurales de la noche a la mañana. Estas mentiras programáticas son un insulto a la inteligencia vial, económica y social de los quiteños. Apelan con frialdad a la desesperación ciudadana frente a la ola de inseguridad, el desempleo y el colapso de los servicios básicos, entregando respuestas simplistas a problemas profundos que en realidad requieren planes técnicos rigurosos, presupuestos reales y un conocimiento técnico que estos burócratas claramente no poseen.

En el plano provincial, el panorama no es menos desalentador. La Prefectura de Pichincha se disputa como si fuera un botín partidista entre herederos de la tecnocracia institucionalizada y exministros que pasaron por las carteras de Estado con más pena que gloria, dejando ministerios incendiados por la ineficiencia. Para estos actores, los cargos de elección popular no representan la culminación de un proyecto de servicio cívico, sino el único salvavidas disponible para mantener su vigencia política o un simple trampolín publicitario para futuras aspiraciones presidenciales. Es la política entendida de forma miserable como una carrera de supervivencia personal, donde la provincia es el escenario de turno para alimentar su ego y sus redes de patronazgo.

Esta crisis de representatividad nos obliga a detenernos y exigir una profunda meditación colectiva. No podemos seguir permitiendo que Quito y Pichincha sean gobernadas por minorías ilegítimas que se imponen gracias a la fragmentación de un voto disperso y un electorado confundido por el ruido digital. Entregar el respaldo ciudadano por el simple carisma de una figura reciclada en una pantalla de celular es firmar un cheque en blanco a favor de la mediocridad, el estancamiento y la corrupción sistémica.

El voto consciente no es un acto de fe ciega; es un ejercicio obligatorio de memoria histórica, de dignidad y de rigurosa fiscalización. Exige de cada uno de nosotros la responsabilidad patriótica de contrastar los pasados judiciales, de evaluar la coherencia de quienes cambian de partido como quien cambia de ropa, y de desarmar con argumentos las falacias de quienes prometen el cielo digital mientras la realidad de nuestras calles sigue sumida en el abandono y el bacheo eterno.

Romper el círculo vicioso en el que el Ecuador entero sigue dando vueltas sin rumbo está única y exclusivamente en nuestras manos. No permitamos que las próximas elecciones locales consoliden el triunfo de la impunidad o de la burocracia hambrienta de poder. Este es un llamado enérgico a la rebeldía del pensamiento: exijamos debates reales, rechacemos la propaganda vacía y rescatemos a Quito del abismo. Que el voto de cada ciudadano sea el despertar definitivo de una sociedad que exige el derecho inalienable a un futuro digno, transparente y con rumbo claro.

 

 

LA ILUSIÓN DE LA EXCEPCIONALIDAD: UN LLAMADO A LA REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL E INTELIGENTE DEL ESTADO

 

El Ecuador atraviesa una de las crisis de seguridad jurídica y material más profundas de su historia contemporánea. Desde el inicio de la actual administración en noviembre de 2023, el país ha habitado en un régimen de excepcionalidad casi permanente. La declaratoria de un "Conflicto Armado Interno" y la consecuente cadena de estados de excepción han pretendido erradicar con decretos de emergencia un fenómeno de violencia delictiva que, lejos de ser coyuntural, es profundamente estructural. A las puertas de un nuevo estado de excepción en diversas provincias del litoral y la sierra, la persistencia de las muertes violentas y la extorsión evidencian que el modelo actual ha agotado su rendimiento político y jurídico.

 Metodológicamente, abordar esta crisis exige deponer la retórica de la confrontación interinstitucional y examinar el diseño del Estado a la luz del derecho constitucional y la teoría de la seguridad nacional. Un análisis riguroso de la situación actual arroja tres conclusiones fundamentales:

 La normalización del estado de excepción desnaturaliza el orden constitucional. El espíritu de los artículos 164 al 166 de la Constitución de la República del Ecuador define a la excepcionalidad como una herramienta de temporalidad estricta y de última ratio. Su uso crónico subvierte la regla general, erosiona la seguridad jurídica y acostumbra a las instituciones ordinarias a depender de la suspensión de garantías ciudadanas para operar mínimamente. La delincuencia organizada transnacional no es un desastre natural ni una crisis médica; es un enemigo permanente que debe ser combatido con leyes e instituciones de igual permanencia.

• El linchamiento mediático a la Función Judicial es una estrategia distractora. Culpar exclusivamente a la "puerta giratoria" de las cortes de la liberación de delincuentes confunde la eficacia policial con el debido proceso. Un juez constitucionalmente responsable no puede dictar prisión si la detención civil o policial incumple las formalidades de la flagrancia, carece de una investigación fiscal técnicamente sólida o vulnera los derechos fundamentales del procesado. Traspasar la culpa de la inseguridad a los magistrados debilita la independencia judicial y desvía la atención de las taras operativas del propio Poder Ejecutivo.
• La militarización urbana desgasta el talento humano sin cortar la logística criminal. Mantener de forma indefinida a las Fuerzas Armadas en tareas de patrullaje callejero desnaturaliza su doctrina militar de fuerza letal y desguarnece las fronteras terrestres, fluviales y marítimas. Mientras los soldados revisan vehículos en los cascos urbanos, las aduanas, los puertos comerciales y el espacio aéreo sufren vacíos de control crítico que facilitan el flujo de precursores químicos, armas y narcóticos.

 Ante este panorama, este espacio editorial formula un llamado urgente y enérgico al Gobierno Nacional para que abandone el analgésico de los decretos de emergencia y asuma el diseño de una política de seguridad estructural, técnica y constitucionalmente blindada. Fortalecer el Estado de derecho demanda ejecutar de manera inmediata tres acciones metodológicas:

Primero, regresar a las instituciones uniformadas a su misión y visión de origen. Es imperativo devolver a las Fuerzas Armadas al control absoluto y tecnificado de las fronteras nacionales para asfixiar las economías ilegales desde su ingreso al territorio. En paralelo, se debe sanear, equipar y redesplegar a la Policía Nacional en su rol civil fundamental: el patrullaje preventivo y la consolidación de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC). La seguridad sostenible nace de recuperar la confianza del barrio, no de patrullar con tanquetas en zonas residenciales.

Segundo, reestructurar por completo el Sistema de Inteligencia Estratégica. El crimen organizado no se destruye multiplicando el número de uniformados en las esquinas, sino desmantelando su estructura financiera y logística. El Gobierno debe dotar de recursos técnicos, tecnológicos y presupuestarios blindados a los servicios de inteligencia para anticipar el delito, limpiar las cortes e instituciones infiltradas y proveer a la Fiscalía General de pruebas técnicas irrefutables que impidan a cualquier juez la liberación de un cabecilla criminal.

El artículo 3 de nuestra Carta Magna establece que garantizar la seguridad integral y una cultura de paz es un deber primordial del Estado. Para cumplir este mandato, el Ejecutivo no necesita suspender la Constitución a través de constantes excepciones; necesita aplicarla con rigurosidad institucional, planeación estratégica y profunda seriedad técnica. La paz no llegará por medio de un decreto temporal; se construirá el día en que la inteligencia del Estado supere la astucia del crimen.