EL SECUESTRO DEL CALENDARIO Y LA MUERTE DE LA CERTEZA JURÍDICA

Ecuador asiste hoy a un espectáculo de analfabetismo constitucional y audacia política sin precedentes. La decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales de 2027 a noviembre de 2026, bajo el pretexto de contingencias climáticas, no es una medida administrativa; es un asalto directo a la Seguridad Jurídica, principio fundamental proclamado en el Art. 82 de la Constitución.

La Trampa del Calendario Comprimido

La seguridad jurídica garantiza que las reglas del juego sean claras, previas y públicas. Al mover las piezas del tablero de forma intempestiva, el CNE vulnera el derecho a la participación política efectiva. Un calendario asfixiante, con inscripciones en agosto de 2026, favorece exclusivamente a las estructuras de poder vigentes y al oficialismo de turno, asfixiando la posibilidad de que nuevas opciones ciudadanas u organizaciones sociales fiscalicen o presenten cuadros competitivos.

Estamos ante una erosión institucional profunda donde la Asamblea Nacional, poblada por legisladores de "alza manos" y expertos en marketing digital, ha renunciado a su capacidad de contrapeso, permitiendo que el hiperpresidencialismo devore la independencia de funciones. Según el Art. 226 de la Constitución, las instituciones solo pueden ejercer las competencias que les otorga la norma suprema; el CNE no tiene un cheque en blanco para alterar los periodos electorales sin una justificación técnica irrefutable que no atente contra la alternabilidad.

El Rol del TCE: ¿Cómplices o Jueces?

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene hoy sobre sus hombros la supervivencia del sistema democrático. Si el TCE, ante las impugnaciones que la sociedad civil y la academia deben presentar, decide validar el "reloj político" del CNE, sus magistrados incurren en responsabilidades que el ordenamiento jurídico sanciona con claridad:

1. Responsabilidad Administrativa (Código de la Democracia Art. 269): Los jueces que incurran en infracciones graves, como la alteración injustificada de procesos, pueden ser sancionados con la destitución de su cargo y la pérdida de derechos políticos.
2. Prevaricación (COIP Art. 268): El juzgador que falle contra ley expresa, en perjuicio de la ciudadanía y las organizaciones políticas, comete un delito penal. Validar un adelanto de elecciones sin base técnica probada es fallar contra la Constitución.
3. Abuso de Facultades (COIP Art. 285): Se sanciona al servidor que dicte resoluciones contrarias a la norma para beneficiar a terceros.

Conclusión: El Despertar de la Sociedad Civil

Los jueces del TCE no deben olvidar que su lealtad es con la Constitución, no con el inquilino de turno en Carondelet. Si el Tribunal permite este atropello, dejará de ser una corte de justicia para convertirse en una notaría de la arbitrariedad.

La democracia no es solo ir a las urnas; es el respeto irrestricto a las normas que impiden que el poder se concentre en una sola mano. Si el CNE, la Asamblea y el TCE fallan, es deber de la academia, la sociedad civil y los referentes éticos activar las garantías jurisdiccionales. El silencio de hoy será la dictadura camuflada del mañana. La historia —y la justicia penal— los alcanzará cuando el marketing político se desvanezca y solo quede una institucionalidad hipotecada.

 

EL VIACRUCIS DE UNA NACIÓN: 

ENTRE LA FE Y EL DESAMPARO

 

La historia de los pueblos, al igual que las estaciones del Viacrucis, está marcada por caídas, juicios injustos y la búsqueda de un horizonte de esperanza. Pero mientras en la devoción religiosa la estación 15 representa la victoria sobre la muerte, en la realidad política del Ecuador de 2026, la ciudadanía parece atrapada en un ciclo eterno de estaciones de dolor, sin que la resurrección; del bienestar termine de llegar.

El país transita hoy por una vía crucis institucional. La inseguridad se ha vuelto la cruz más pesada; un madero tallado por el narcotráfico que se pasea con impunidad incluso en las zonas más exclusivas, como Mocolí, evidenciando que la inteligencia del Estado a veces padece de una ceguera selectiva. Los 16 estados de excepción decretados por el gobierno de Daniel Noboa y el movimiento ADN se han convertido en una rutina que, lejos de sanar la herida, solo parece anestesiar el síntoma mientras la estructura del crimen sigue intacta.

En los hospitales, la pasión de Cristo se revive en cada paciente que no encuentra una medicina. La salud, la educación y el empleo son las grandes ausencias de un Estado que prefiere el marketing y la consolidación electoral sobre la gestión técnica. Estamos ante una paradoja trágica: un gobierno que busca expandir su poder en las seccionales de 2027, pero que deja un vacío de autoridad allá donde el ciudadano más lo necesita.

Esta crisis se profundiza por una clase política contaminada. El sistema ha expulsado a los ciudadanos más aptos; personajes de alto reconocimiento y probidad que, por temor al escarnio o al asco que produce el lodo; electoral, prefieren la barrera del silencio. Este

vacío es llenado por necesitados, arrogantes y parlanchines que aprovechan un pensamiento básico y elemental del electorado. Es la dictadura del algoritmo y del tik tok, se vota por el que más grita o el que mejor baila, no por quien tiene la capacidad de administrar un país en ruinas.

Un país no puede desarrollarse sobre el vacío de valores y la ausencia de sus mejores mentes. Mientras la política siga siendo el refugio de los ignorantes y despóticos, y la vigilancia ciudadana no logre blindar a los líderes idóneos, seguiremos recorriendo las mismas estaciones de fracaso. El desafío para el 2027 no es solo elegir, sino madurar como sociedad para dejar de ser espectadores de nuestro propio sacrificio y exigir, finalmente, un contrato social que garantice la vida por encima del espectáculo.

Abg. Carlos Eduardo Bustamante Salvador

EL CASCARON DE LA SEGURIDAD

ENTRE EL NARCOTRÁFICO Y EL ABANDONO OPERATIVO

 

La seguridad ciudadana en el país ha dejado de ser una garantía estatal para convertirse en un ejercicio de supervivencia. Mientras la delincuencia organizada y el narcotráfico consolidan su control territorial, la estructura operativa de la Policía Nacional exhibe las costuras de un sistema que parece haber claudicado ante la magnitud de la amenaza. Ecuador cerró 2024 con cifras alarmantes y, según el Índice Global de Delincuencia Organizada 2025, se posiciona como el quinto país con mayor nivel de criminalidad organizada en el mundo.

El síntoma más visible de esta crisis es el abandono de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC). Lo que alguna vez fue el pilar de la cercanía con el barrio, hoy son infraestructuras vacías o custodiadas por un personal insuficiente que, irónicamente, teme por su propia vida. Este repliegue no es táctico, es forzado: entre 2020 y 2025, más de 9,600 uniformados se acogieron a la baja voluntaria, debilitando las filas en el momento de mayor necesidad.

A la falta de brazos se suma una carencia logística que raya en la negligencia. El patrullaje preventivo es hoy una quimera debido a la ausencia de vehículos operativos, armamento moderno y equipamiento básico. Esta precariedad ha confinado a la institución a una postura reactiva: la policía llega para recoger los casquillos o levantar el parte, pero rara vez para evitar el crimen. El desconcierto es generalizado; una sociedad que observa cómo sus custodios carecen de gasolina o municiones es una sociedad que se siente huérfana de autoridad.

La presencia de grupos delictivos organizados (GDO) ha mutado en una gobernanza criminal que las autoridades intentan mitigar con operativos focalizados, logrando incautaciones récord como las más de 211 toneladas de droga en 2025. Sin embargo, los golpes a la logística del narcotráfico no compensan el vacío en las calles. Sin una policía proactiva, dotada de recursos y con presencia territorial real en las UPC, la "seguridad" seguirá siendo un discurso de escritorio mientras la ciudadanía queda atrapada en el fuego cruzado de una guerra que el Estado parece estar peleando a medias.

Es urgente que el presupuesto deje de ser una cifra en el papel y se transforme en patrullas en las esquinas y policías en los barrios. De lo contrario, seguiremos administrando el miedo mientras la delincuencia organizada termina de ocupar los espacios que la institucionalidad ha decidido abandonar.

El punto de quiebre fue la promulgación del COESCOP, y del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, herramientas que, bajo el velo de la modernización, operó una desinstitucionalización sistemática, subordinando a la Policía Nacional al Ministerio del Interior en términos administrativos y financieros, arrebatando la agilidad que demanda la seguridad. Hoy, la falta de vehículos, medios técnicos e informáticos y el abandono de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) son el resultado de una dependencia burocrática que impide a la institución gestionar sus propios recursos con criterio técnico y urgencia policial.

 Para recuperar la proactividad y dejar de ser una fuerza meramente reactiva, es imperativo que la Policía Nacional recupere su autonomía administrativa y financiera, organizada bajo el sistema jerárquico disciplinario, centralizado y único. La institución policial requiere con urgencia:

1. Representación Judicial y Extrajudicial Propia: El mando policial debe recuperar la capacidad de actuar y defenderse jurídicamente de manera independiente, sin que sus decisiones técnicas pasen por el filtro de la conveniencia política de turno.
2. Un Régimen Disciplinario Específico: Es urgente sustituir el vacío dejado por la falta de un Código Orgánico y Disciplinario de Personal por una normativa que restaure la jerarquía y la disciplina, elementos que el COESCOP y el  Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos diluyeron  al tratar a los uniformados como burócratas de oficina.
3. Independencia del Poder Político: La subordinación total al Ministerio del Interior ha convertido la seguridad en un botín de gestión de imagen, dejando de lado la planificación estratégica de largo plazo que solo una autonomía técnica puede garantizar.

A 88 años de su profesionalización, la Policía Nacional no necesita tutelajes que la inmovilicen. Necesita las herramientas para autogobernarse bajo principios de transparencia y eficacia. El desconcierto generalizado de la sociedad y el repliegue de los uniformados por falta de medios son el precio de haber convertido a una institución histórica en un apéndice administrativo. Si queremos una policía proactiva, es hora de devolverle su autonomía; de lo contrario, seguiremos viendo cómo la delincuencia organizada ocupa, centímetro a centímetro, el espacio que el Estado abandonó al maniatar a su propia policía.

La seguridad del país no puede esperar los tiempos de la burocracia estatal que asciende generales por decreto.

 

 

 

 

 

EL ESPEJISMO DE LAS CIFRAS Y UN ESTADO SECUESTRADO

 

Ecuador atraviesa una esquizofrenia institucional sin precedentes. Por un lado, el Ejecutivo celebra un Riesgo País en mínimos históricos y Reservas Internacionales que rozan los USD 10.000 millones. Por otro, la realidad golpea con la crudeza de una vereda fría, donde el ciudadano duerme a la intemperie por un turno médico en hospitales que incumplen sistemáticamente la Ley Orgánica de Salud, convertidos en cascarones vacíos donde la falta de fármacos básicos es la única constante. Es la radiografía de un país quebrado en su dignidad, donde la macroeconomía es un éxito y la vida cotidiana un fracaso.

 

Resulta insultante presumir de solvencia financiera cuando el Estado ha sido cedido a la delincuencia organizada. La proliferación de microestados criminales no es solo una falla de seguridad; es el síntoma de una soberanía perdida que el Gobierno intenta recuperar mediante la firma compulsiva de Decretos de Estado de Excepción. Esta "excepcionalidad" permanente es la confesión oficial de que el Plan Fénix ha fallado en devolver el control ordinario a las instituciones. Sin una justicia que sentencie, la militarización de las calles es un paliativo costoso y estéril.

 

El sistema judicial ecuatoriano se encuentra hoy secuestrado por el narcotráfico. Las estructuras criminales han penetrado las cortes, evidenciando que jueces y fiscales operan bajo la nómina de las mafias, mientras el Consejo de la Judicatura demuestra una incompetencia administrativa que raya en la complicidad. Esta podredumbre judicial asegura que los esfuerzos del Bloque de Seguridad terminen en la impunidad de la "puerta giratoria".

 

Esta crisis es "bárbara" porque es sistémica. Tenemos una Asamblea Nacional mediocre y gobiernos seccionales que esconden su ineficiencia tras el populismo de tarima. ¿De qué sirven las reservas récord si no hay insumos en los quirófanos ni jueces honestos en las cortes? Un país no es una hoja de cálculo. A dos años de gestión, el mensaje es claro: el orden financiero es irrelevante si no recupera la integridad de la justicia y la salud pública. Sin ley y sin vida, la "mejora" oficial no es más que un espejismo estadístico sobre una nación que se desmorona.