QUITO: ENTRE LA REFORMA DE NOBOA Y EL CANIBALISMO BUROCRATICO

La reciente remisión a la Asamblea Nacional del proyecto de ley para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) por parte del presidente Noboa ha puesto el dedo en la llaga de una realidad innegable: el modelo administrativo del Distrito Metropolitano de Quito es obsoleto.

Bajo la pretensión de obligar a los municipios a destinar el 70% de su presupuesto a inversión y apenas un 30% a gasto corriente, la ley expone la vulnerabilidad de una capital que, históricamente, ha permitido que su presupuesto sea devorado por una estructura burocrática sobredimensionada. En Quito, no solo se gasta mucho; se gasta mal. Las secretarías, como la de Seguridad, se han transformado en entes “caníbales” que priorizan el pago de nóminas y cuotas políticas por encima de las cámaras, patrullas y alarmas que la ciudadanía exige a gritos.

La parálisis de la ciudad tiene responsables directos: un Concejo Metropolitano que ha renunciado a su rol legislativo. Los concejales, convertidos en figuras populistas y precandidatos permanentes a la Alcaldía, han ignorado la redacción del Estatuto Autonómico, la herramienta jurídica que permitiría a Quito dejar de ser un municipio estándar y convertirse en un Distrito real. Su desinterés por reformar el COOTAD o reestructurar secretarías inoperantes responde a una lógica perversa: mantener el statu quo que alimenta sus clientelas políticas.

Ante este escenario, la solución no es solo un recorte financiero, sino una revolución administrativa. Es imperativo migrar hacia un modelo de descentralización profunda mediante la creación de “minialcaldías”. El modelo actual de administradores zonales designados “a dedo” ha fracasado en su operatividad. Necesitamos administradores elegidos por voto popular en cada zona, con presupuesto propio y autonomía para ejecutar obras. Solo cuando el administrador responda directamente al vecino que lo eligió —y no al alcalde que lo nombró— se romperá el cuello de botella centralista que hoy asfixia a los barrios.

Reformar los presupuestos administrativos no es una opción, es una emergencia. El alcalde debe entender que su rol es la estrategia macro de la ciudad, mientras que la ejecución debe estar en manos de figuras territoriales responsables. Quito no puede seguir siendo el rehén de un Concejo que busca votos y de una matriz burocrática que consume los recursos destinados al asfalto y al agua potable.

La ley de Noboa puede ser el catalizador, pero la verdadera transformación vendrá cuando los quiteños exijan un Estatuto Autonómico que le devuelva la ciudad a sus barrios y se la quite a los burócratas. Es hora de que el dinero de los impuestos deje de alimentar el canibalismo político y empiece, finalmente, a construir ciudad.

La descentralización operativa y la elección directa de administradores zonales es, posiblemente, la reforma estructural más coherente para que Quito recupere su dinamismo.

Si este modelo se aplicara, la capital dejaría de ser un botín político para convertirse en una red de gestión eficiente, donde el ciudadano finalmente sea el jefe de quien administra su barrio.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador
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EL NAUFRAGIO DE LAS FORMAS EN LA ASAMBLEA NACIONAL

El reciente espectáculo protagonizado en el pleno de la Asamblea Nacional marca un nuevo punto de inflexión en la degradación del debate parlamentario en el Ecuador. El cruce verbal entre legisladores del bloque oficialista ADN y de la Revolución Ciudadana no solo fue "salvaje" por su intensidad, sino por la precariedad intelectual y la bajeza ética de quienes, en teoría, ostentan la representación de la soberanía popular.

Es alarmante que un legislador, en el ejercicio de sus funciones, recurra a un lenguaje soez, ruin y descalificador para referirse a sus pares. Pero resulta aún más ofensivo para la inteligencia pública que dicho asambleísta, tras proferir insultos que lo sitúan en la periferia de la decencia y la educación, haya tenido el atrevimiento de compararse con Sócrates.

La comparación con el filósofo griego no es solo un error histórico o una falta de modestia; es una muestra de cinismo. Mientras Sócrates dedicó su vida a la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la humildad intelectual —su célebre "solo sé que nada sé"—, el asambleísta en cuestión utilizó la palabra como un mazo para denigrar. El uso de la ironía socrática buscaba elevar al interlocutor hacia el conocimiento; el uso del lenguaje bajo en la Asamblea solo busca hundir al oponente en el fango de la descalificación personal.

Este incidente, ocurrido el 6 de enero de 2026 durante el debate de la Ley de Repetición, obligó incluso a la intervención de la escolta legislativa y a la suspensión de la sesión. No es un hecho aislado, sino el síntoma de una política que ha reemplazado los argumentos por los gritos y la dialéctica por la vulgaridad.

La ciudadanía asiste con estupor a este escenario donde la curul se convierte en un ring y la palabra en una ofensa. Un asambleísta que recurre al insulto traiciona su mandato. Si además pretende disfrazar su falta de educación con referencias filosóficas fuera de lugar, lo que hace es añadir el ridículo a la infamia.

La Asamblea Nacional urge de un baño de civismo y de un respeto mínimo por las formas. Sin respeto no hay debate, y sin debate la democracia es apenas una cáscara vacía donde el más fuerte o el más vulgar pretende imponer su verdad. El Ecuador merece legisladores a la altura de sus problemas, no ciudadanos que usen el poder para exhibir su propia carencia de valores y educación.

Abg. Carlos Eduardo Bustamante Salvador

Abogado Criminalista-Mediador

 

ECUADOR EN EL VORTICE DEL CAMBIO

 

La captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses marca no solo el fin de una era para Venezuela, sino el inicio de una reconfiguración sísmica para América Latina. En este escenario de alta tensión, Ecuador se encuentra en una posición inédita y estratégica. La administración de Daniel Noboa, lejos de la ambigüedad, ha consolidado una alianza con Washington que hoy, ante los ojos del mundo, posiciona al país como el ancla de estabilidad de la derecha en la región andina.

Para Ecuador, este alineamiento no es gratuito ni meramente ideológico; es una apuesta por la supervivencia institucional. El respaldo militar y técnico de Estados Unidos al "Plan Fénix" ha transformado la lucha contra el narcoterrorismo en una política de Estado con recursos reales. Sin embargo, este acercamiento conlleva un costo diplomático evidente: el aislamiento frente a vecinos como México y Colombia.

La relación con México, congelada en el tiempo desde el asalto a la embajada en 2024, parece no tener retorno bajo el mandato de Claudia Sheinbaum. No obstante, en la lógica de la actual geopolítica, Ecuador ha decidido que el costo de romper con el eje bolivariano y sus simpatizantes es un precio necesario para obtener la seguridad y el flujo comercial que Europa y Estados Unidos garantizan. Mientras México mantiene sus puertas cerradas, las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea alcanzan récords históricos, blindadas por un acuerdo comercial que trasciende las rencillas políticas.

El revés que muchos vaticinaban por el distanciamiento con Ciudad de México no se ha materializado en el bolsillo del exportador ecuatoriano, sino en la complejidad migratoria de quienes buscan el norte. Ecuador ha priorizado la seguridad interna y la apertura de mercados estables sobre la retórica de la "hermandad latinoamericana" que dominó la década pasada.

Hoy, con el control temporal de Venezuela en manos estadounidenses y un gobierno ecuatoriano subordinado a una estrategia de seguridad continental, el país se aleja definitivamente de la órbita de influencia de Rusia y China. El desafío para el Palacio de Carondelet será demostrar que esta "subordinación estratégica" se traduce en beneficios tangibles para el ciudadano de a pie y no en una pérdida de autonomía a largo plazo.

En este 2026, Ecuador ha elegido su bando. El éxito de esta apuesta dependerá de su capacidad para navegar un Caribe en pie de guerra y un continente que, tras la caída de Maduro, busca un nuevo equilibrio entre la bota militar, la democracia liberal y el libre comercio.

 

ESTADO CANIBALIZADO

 

Ecuador cierra el presente año bajo la sombra de una estadística devastadora: un incremento del 33% en las muertes violentas respecto al año anterior. Este dato no es solo una cifra de sangre; es la prueba irrefutable del fracaso del modelo de seguridad reactivo y la confirmación de que el "Plan Fénix" no fue más que un eslogan de campaña enfrentado a una guerra transnacional. Hoy, el país no necesita más estados de excepción; necesita una Política Criminal de Estado que trascienda gobiernos y devuelva la soberanía a las instituciones.

 

El balance de este año revela una desinstitucionalización profunda de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, instituciones que hoy sufren el "síndrome de burnout" tras ser lanzadas a las calles sin un marco legal que las respalde y sin una inteligencia estratégica que las guíe. El Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), lejos de ser el cerebro del Estado, ha operado como un apéndice político, dejando a la fuerza pública ciega ante la sofisticación del crimen organizado.

 

Para recuperar el control, el país debe dar el salto hacia una Política Criminal de Estado anclada en tres pilares fundamentales:

1. Un Ente de Control Autonómico: La seguridad no puede seguir en manos de ministerios políticos. Es imperativo crear una autoridad técnica, con autonomía financiera y meritocrática, que gestione la inteligencia y la contrainteligencia. Este ente debe ser el responsable de la depuración constante de las filas judiciales y policiales, aplicando pruebas de confianza que rompan el "espíritu de cuerpo" que hoy protege a la narcopolítica.
2. Coordinación Legal y Financiera: Una política criminal es letra muerta si no está coordinada con el COIP y si no se empodera a la UAFE. El objetivo no es quemar droga, sino confiscar el capital. La actualización de la obsoleta Ley 108 y la creación de una Ley de Extinción de Dominio agresiva son los únicos caminos para asfixiar la logística criminal.
3. El desafío: Una Asamblea de altura. Nada de esto será posible con la actual mediocridad legislativa. El país requiere de una Asamblea Nacional que comprenda que su rol no es el espectáculo mediático, sino la arquitectura legal. Los cambios que Ecuador exige —como la eliminación del CPCCS y la reforma al Consejo de la Judicatura— requieren legisladores con capacidad intelectual, técnica y valentía política para enfrentar a los poderes fácticos que se benefician del caos.

 

La estabilidad democrática de Ecuador pende de un hilo. El fracaso de este año debe ser el catalizador para entender que la seguridad no se recupera con fusiles en las esquinas, sino con una política criminal de Estado coherente, técnica y, sobre todo, despolitizada. El tiempo de las "ocurrencias" terminó; el tiempo de la supervivencia nacional ha comenzado.