EL ESPEJISMO DE LAS CIFRAS Y UN ESTADO SECUESTRADO

 

Ecuador atraviesa una esquizofrenia institucional sin precedentes. Por un lado, el Ejecutivo celebra un Riesgo País en mínimos históricos y Reservas Internacionales que rozan los USD 10.000 millones. Por otro, la realidad golpea con la crudeza de una vereda fría, donde el ciudadano duerme a la intemperie por un turno médico en hospitales que incumplen sistemáticamente la Ley Orgánica de Salud, convertidos en cascarones vacíos donde la falta de fármacos básicos es la única constante. Es la radiografía de un país quebrado en su dignidad, donde la macroeconomía es un éxito y la vida cotidiana un fracaso.

 

Resulta insultante presumir de solvencia financiera cuando el Estado ha sido cedido a la delincuencia organizada. La proliferación de microestados criminales no es solo una falla de seguridad; es el síntoma de una soberanía perdida que el Gobierno intenta recuperar mediante la firma compulsiva de Decretos de Estado de Excepción. Esta "excepcionalidad" permanente es la confesión oficial de que el Plan Fénix ha fallado en devolver el control ordinario a las instituciones. Sin una justicia que sentencie, la militarización de las calles es un paliativo costoso y estéril.

 

El sistema judicial ecuatoriano se encuentra hoy secuestrado por el narcotráfico. Las estructuras criminales han penetrado las cortes, evidenciando que jueces y fiscales operan bajo la nómina de las mafias, mientras el Consejo de la Judicatura demuestra una incompetencia administrativa que raya en la complicidad. Esta podredumbre judicial asegura que los esfuerzos del Bloque de Seguridad terminen en la impunidad de la "puerta giratoria".

 

Esta crisis es "bárbara" porque es sistémica. Tenemos una Asamblea Nacional mediocre y gobiernos seccionales que esconden su ineficiencia tras el populismo de tarima. ¿De qué sirven las reservas récord si no hay insumos en los quirófanos ni jueces honestos en las cortes? Un país no es una hoja de cálculo. A dos años de gestión, el mensaje es claro: el orden financiero es irrelevante si no recupera la integridad de la justicia y la salud pública. Sin ley y sin vida, la "mejora" oficial no es más que un espejismo estadístico sobre una nación que se desmorona.

 

 

QUITO: ENTRE LA REFORMA DE NOBOA Y EL CANIBALISMO BUROCRATICO

La reciente remisión a la Asamblea Nacional del proyecto de ley para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) por parte del presidente Noboa ha puesto el dedo en la llaga de una realidad innegable: el modelo administrativo del Distrito Metropolitano de Quito es obsoleto.

Bajo la pretensión de obligar a los municipios a destinar el 70% de su presupuesto a inversión y apenas un 30% a gasto corriente, la ley expone la vulnerabilidad de una capital que, históricamente, ha permitido que su presupuesto sea devorado por una estructura burocrática sobredimensionada. En Quito, no solo se gasta mucho; se gasta mal. Las secretarías, como la de Seguridad, se han transformado en entes “caníbales” que priorizan el pago de nóminas y cuotas políticas por encima de las cámaras, patrullas y alarmas que la ciudadanía exige a gritos.

La parálisis de la ciudad tiene responsables directos: un Concejo Metropolitano que ha renunciado a su rol legislativo. Los concejales, convertidos en figuras populistas y precandidatos permanentes a la Alcaldía, han ignorado la redacción del Estatuto Autonómico, la herramienta jurídica que permitiría a Quito dejar de ser un municipio estándar y convertirse en un Distrito real. Su desinterés por reformar el COOTAD o reestructurar secretarías inoperantes responde a una lógica perversa: mantener el statu quo que alimenta sus clientelas políticas.

Ante este escenario, la solución no es solo un recorte financiero, sino una revolución administrativa. Es imperativo migrar hacia un modelo de descentralización profunda mediante la creación de “minialcaldías”. El modelo actual de administradores zonales designados “a dedo” ha fracasado en su operatividad. Necesitamos administradores elegidos por voto popular en cada zona, con presupuesto propio y autonomía para ejecutar obras. Solo cuando el administrador responda directamente al vecino que lo eligió —y no al alcalde que lo nombró— se romperá el cuello de botella centralista que hoy asfixia a los barrios.

Reformar los presupuestos administrativos no es una opción, es una emergencia. El alcalde debe entender que su rol es la estrategia macro de la ciudad, mientras que la ejecución debe estar en manos de figuras territoriales responsables. Quito no puede seguir siendo el rehén de un Concejo que busca votos y de una matriz burocrática que consume los recursos destinados al asfalto y al agua potable.

La ley de Noboa puede ser el catalizador, pero la verdadera transformación vendrá cuando los quiteños exijan un Estatuto Autonómico que le devuelva la ciudad a sus barrios y se la quite a los burócratas. Es hora de que el dinero de los impuestos deje de alimentar el canibalismo político y empiece, finalmente, a construir ciudad.

La descentralización operativa y la elección directa de administradores zonales es, posiblemente, la reforma estructural más coherente para que Quito recupere su dinamismo.

Si este modelo se aplicara, la capital dejaría de ser un botín político para convertirse en una red de gestión eficiente, donde el ciudadano finalmente sea el jefe de quien administra su barrio.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador
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EL NAUFRAGIO DE LAS FORMAS EN LA ASAMBLEA NACIONAL

El reciente espectáculo protagonizado en el pleno de la Asamblea Nacional marca un nuevo punto de inflexión en la degradación del debate parlamentario en el Ecuador. El cruce verbal entre legisladores del bloque oficialista ADN y de la Revolución Ciudadana no solo fue "salvaje" por su intensidad, sino por la precariedad intelectual y la bajeza ética de quienes, en teoría, ostentan la representación de la soberanía popular.

Es alarmante que un legislador, en el ejercicio de sus funciones, recurra a un lenguaje soez, ruin y descalificador para referirse a sus pares. Pero resulta aún más ofensivo para la inteligencia pública que dicho asambleísta, tras proferir insultos que lo sitúan en la periferia de la decencia y la educación, haya tenido el atrevimiento de compararse con Sócrates.

La comparación con el filósofo griego no es solo un error histórico o una falta de modestia; es una muestra de cinismo. Mientras Sócrates dedicó su vida a la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la humildad intelectual —su célebre "solo sé que nada sé"—, el asambleísta en cuestión utilizó la palabra como un mazo para denigrar. El uso de la ironía socrática buscaba elevar al interlocutor hacia el conocimiento; el uso del lenguaje bajo en la Asamblea solo busca hundir al oponente en el fango de la descalificación personal.

Este incidente, ocurrido el 6 de enero de 2026 durante el debate de la Ley de Repetición, obligó incluso a la intervención de la escolta legislativa y a la suspensión de la sesión. No es un hecho aislado, sino el síntoma de una política que ha reemplazado los argumentos por los gritos y la dialéctica por la vulgaridad.

La ciudadanía asiste con estupor a este escenario donde la curul se convierte en un ring y la palabra en una ofensa. Un asambleísta que recurre al insulto traiciona su mandato. Si además pretende disfrazar su falta de educación con referencias filosóficas fuera de lugar, lo que hace es añadir el ridículo a la infamia.

La Asamblea Nacional urge de un baño de civismo y de un respeto mínimo por las formas. Sin respeto no hay debate, y sin debate la democracia es apenas una cáscara vacía donde el más fuerte o el más vulgar pretende imponer su verdad. El Ecuador merece legisladores a la altura de sus problemas, no ciudadanos que usen el poder para exhibir su propia carencia de valores y educación.

Abg. Carlos Eduardo Bustamante Salvador

Abogado Criminalista-Mediador

 

ECUADOR EN EL VORTICE DEL CAMBIO

 

La captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses marca no solo el fin de una era para Venezuela, sino el inicio de una reconfiguración sísmica para América Latina. En este escenario de alta tensión, Ecuador se encuentra en una posición inédita y estratégica. La administración de Daniel Noboa, lejos de la ambigüedad, ha consolidado una alianza con Washington que hoy, ante los ojos del mundo, posiciona al país como el ancla de estabilidad de la derecha en la región andina.

Para Ecuador, este alineamiento no es gratuito ni meramente ideológico; es una apuesta por la supervivencia institucional. El respaldo militar y técnico de Estados Unidos al "Plan Fénix" ha transformado la lucha contra el narcoterrorismo en una política de Estado con recursos reales. Sin embargo, este acercamiento conlleva un costo diplomático evidente: el aislamiento frente a vecinos como México y Colombia.

La relación con México, congelada en el tiempo desde el asalto a la embajada en 2024, parece no tener retorno bajo el mandato de Claudia Sheinbaum. No obstante, en la lógica de la actual geopolítica, Ecuador ha decidido que el costo de romper con el eje bolivariano y sus simpatizantes es un precio necesario para obtener la seguridad y el flujo comercial que Europa y Estados Unidos garantizan. Mientras México mantiene sus puertas cerradas, las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea alcanzan récords históricos, blindadas por un acuerdo comercial que trasciende las rencillas políticas.

El revés que muchos vaticinaban por el distanciamiento con Ciudad de México no se ha materializado en el bolsillo del exportador ecuatoriano, sino en la complejidad migratoria de quienes buscan el norte. Ecuador ha priorizado la seguridad interna y la apertura de mercados estables sobre la retórica de la "hermandad latinoamericana" que dominó la década pasada.

Hoy, con el control temporal de Venezuela en manos estadounidenses y un gobierno ecuatoriano subordinado a una estrategia de seguridad continental, el país se aleja definitivamente de la órbita de influencia de Rusia y China. El desafío para el Palacio de Carondelet será demostrar que esta "subordinación estratégica" se traduce en beneficios tangibles para el ciudadano de a pie y no en una pérdida de autonomía a largo plazo.

En este 2026, Ecuador ha elegido su bando. El éxito de esta apuesta dependerá de su capacidad para navegar un Caribe en pie de guerra y un continente que, tras la caída de Maduro, busca un nuevo equilibrio entre la bota militar, la democracia liberal y el libre comercio.