EL VIACRUCIS DE UNA NACIÓN: 

ENTRE LA FE Y EL DESAMPARO

 

La historia de los pueblos, al igual que las estaciones del Viacrucis, está marcada por caídas, juicios injustos y la búsqueda de un horizonte de esperanza. Pero mientras en la devoción religiosa la estación 15 representa la victoria sobre la muerte, en la realidad política del Ecuador de 2026, la ciudadanía parece atrapada en un ciclo eterno de estaciones de dolor, sin que la resurrección; del bienestar termine de llegar.

El país transita hoy por una vía crucis institucional. La inseguridad se ha vuelto la cruz más pesada; un madero tallado por el narcotráfico que se pasea con impunidad incluso en las zonas más exclusivas, como Mocolí, evidenciando que la inteligencia del Estado a veces padece de una ceguera selectiva. Los 16 estados de excepción decretados por el gobierno de Daniel Noboa y el movimiento ADN se han convertido en una rutina que, lejos de sanar la herida, solo parece anestesiar el síntoma mientras la estructura del crimen sigue intacta.

En los hospitales, la pasión de Cristo se revive en cada paciente que no encuentra una medicina. La salud, la educación y el empleo son las grandes ausencias de un Estado que prefiere el marketing y la consolidación electoral sobre la gestión técnica. Estamos ante una paradoja trágica: un gobierno que busca expandir su poder en las seccionales de 2027, pero que deja un vacío de autoridad allá donde el ciudadano más lo necesita.

Esta crisis se profundiza por una clase política contaminada. El sistema ha expulsado a los ciudadanos más aptos; personajes de alto reconocimiento y probidad que, por temor al escarnio o al asco que produce el lodo; electoral, prefieren la barrera del silencio. Este

vacío es llenado por necesitados, arrogantes y parlanchines que aprovechan un pensamiento básico y elemental del electorado. Es la dictadura del algoritmo y del tik tok, se vota por el que más grita o el que mejor baila, no por quien tiene la capacidad de administrar un país en ruinas.

Un país no puede desarrollarse sobre el vacío de valores y la ausencia de sus mejores mentes. Mientras la política siga siendo el refugio de los ignorantes y despóticos, y la vigilancia ciudadana no logre blindar a los líderes idóneos, seguiremos recorriendo las mismas estaciones de fracaso. El desafío para el 2027 no es solo elegir, sino madurar como sociedad para dejar de ser espectadores de nuestro propio sacrificio y exigir, finalmente, un contrato social que garantice la vida por encima del espectáculo.

Abg. Carlos Eduardo Bustamante Salvador

EL CASCARON DE LA SEGURIDAD

ENTRE EL NARCOTRÁFICO Y EL ABANDONO OPERATIVO

 

La seguridad ciudadana en el país ha dejado de ser una garantía estatal para convertirse en un ejercicio de supervivencia. Mientras la delincuencia organizada y el narcotráfico consolidan su control territorial, la estructura operativa de la Policía Nacional exhibe las costuras de un sistema que parece haber claudicado ante la magnitud de la amenaza. Ecuador cerró 2024 con cifras alarmantes y, según el Índice Global de Delincuencia Organizada 2025, se posiciona como el quinto país con mayor nivel de criminalidad organizada en el mundo.

El síntoma más visible de esta crisis es el abandono de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC). Lo que alguna vez fue el pilar de la cercanía con el barrio, hoy son infraestructuras vacías o custodiadas por un personal insuficiente que, irónicamente, teme por su propia vida. Este repliegue no es táctico, es forzado: entre 2020 y 2025, más de 9,600 uniformados se acogieron a la baja voluntaria, debilitando las filas en el momento de mayor necesidad.

A la falta de brazos se suma una carencia logística que raya en la negligencia. El patrullaje preventivo es hoy una quimera debido a la ausencia de vehículos operativos, armamento moderno y equipamiento básico. Esta precariedad ha confinado a la institución a una postura reactiva: la policía llega para recoger los casquillos o levantar el parte, pero rara vez para evitar el crimen. El desconcierto es generalizado; una sociedad que observa cómo sus custodios carecen de gasolina o municiones es una sociedad que se siente huérfana de autoridad.

La presencia de grupos delictivos organizados (GDO) ha mutado en una gobernanza criminal que las autoridades intentan mitigar con operativos focalizados, logrando incautaciones récord como las más de 211 toneladas de droga en 2025. Sin embargo, los golpes a la logística del narcotráfico no compensan el vacío en las calles. Sin una policía proactiva, dotada de recursos y con presencia territorial real en las UPC, la "seguridad" seguirá siendo un discurso de escritorio mientras la ciudadanía queda atrapada en el fuego cruzado de una guerra que el Estado parece estar peleando a medias.

Es urgente que el presupuesto deje de ser una cifra en el papel y se transforme en patrullas en las esquinas y policías en los barrios. De lo contrario, seguiremos administrando el miedo mientras la delincuencia organizada termina de ocupar los espacios que la institucionalidad ha decidido abandonar.

El punto de quiebre fue la promulgación del COESCOP, y del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, herramientas que, bajo el velo de la modernización, operó una desinstitucionalización sistemática, subordinando a la Policía Nacional al Ministerio del Interior en términos administrativos y financieros, arrebatando la agilidad que demanda la seguridad. Hoy, la falta de vehículos, medios técnicos e informáticos y el abandono de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) son el resultado de una dependencia burocrática que impide a la institución gestionar sus propios recursos con criterio técnico y urgencia policial.

 Para recuperar la proactividad y dejar de ser una fuerza meramente reactiva, es imperativo que la Policía Nacional recupere su autonomía administrativa y financiera, organizada bajo el sistema jerárquico disciplinario, centralizado y único. La institución policial requiere con urgencia:

1. Representación Judicial y Extrajudicial Propia: El mando policial debe recuperar la capacidad de actuar y defenderse jurídicamente de manera independiente, sin que sus decisiones técnicas pasen por el filtro de la conveniencia política de turno.
2. Un Régimen Disciplinario Específico: Es urgente sustituir el vacío dejado por la falta de un Código Orgánico y Disciplinario de Personal por una normativa que restaure la jerarquía y la disciplina, elementos que el COESCOP y el  Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos diluyeron  al tratar a los uniformados como burócratas de oficina.
3. Independencia del Poder Político: La subordinación total al Ministerio del Interior ha convertido la seguridad en un botín de gestión de imagen, dejando de lado la planificación estratégica de largo plazo que solo una autonomía técnica puede garantizar.

A 88 años de su profesionalización, la Policía Nacional no necesita tutelajes que la inmovilicen. Necesita las herramientas para autogobernarse bajo principios de transparencia y eficacia. El desconcierto generalizado de la sociedad y el repliegue de los uniformados por falta de medios son el precio de haber convertido a una institución histórica en un apéndice administrativo. Si queremos una policía proactiva, es hora de devolverle su autonomía; de lo contrario, seguiremos viendo cómo la delincuencia organizada ocupa, centímetro a centímetro, el espacio que el Estado abandonó al maniatar a su propia policía.

La seguridad del país no puede esperar los tiempos de la burocracia estatal que asciende generales por decreto.

 

 

 

 

 

EL ESPEJISMO DE LAS CIFRAS Y UN ESTADO SECUESTRADO

 

Ecuador atraviesa una esquizofrenia institucional sin precedentes. Por un lado, el Ejecutivo celebra un Riesgo País en mínimos históricos y Reservas Internacionales que rozan los USD 10.000 millones. Por otro, la realidad golpea con la crudeza de una vereda fría, donde el ciudadano duerme a la intemperie por un turno médico en hospitales que incumplen sistemáticamente la Ley Orgánica de Salud, convertidos en cascarones vacíos donde la falta de fármacos básicos es la única constante. Es la radiografía de un país quebrado en su dignidad, donde la macroeconomía es un éxito y la vida cotidiana un fracaso.

 

Resulta insultante presumir de solvencia financiera cuando el Estado ha sido cedido a la delincuencia organizada. La proliferación de microestados criminales no es solo una falla de seguridad; es el síntoma de una soberanía perdida que el Gobierno intenta recuperar mediante la firma compulsiva de Decretos de Estado de Excepción. Esta "excepcionalidad" permanente es la confesión oficial de que el Plan Fénix ha fallado en devolver el control ordinario a las instituciones. Sin una justicia que sentencie, la militarización de las calles es un paliativo costoso y estéril.

 

El sistema judicial ecuatoriano se encuentra hoy secuestrado por el narcotráfico. Las estructuras criminales han penetrado las cortes, evidenciando que jueces y fiscales operan bajo la nómina de las mafias, mientras el Consejo de la Judicatura demuestra una incompetencia administrativa que raya en la complicidad. Esta podredumbre judicial asegura que los esfuerzos del Bloque de Seguridad terminen en la impunidad de la "puerta giratoria".

 

Esta crisis es "bárbara" porque es sistémica. Tenemos una Asamblea Nacional mediocre y gobiernos seccionales que esconden su ineficiencia tras el populismo de tarima. ¿De qué sirven las reservas récord si no hay insumos en los quirófanos ni jueces honestos en las cortes? Un país no es una hoja de cálculo. A dos años de gestión, el mensaje es claro: el orden financiero es irrelevante si no recupera la integridad de la justicia y la salud pública. Sin ley y sin vida, la "mejora" oficial no es más que un espejismo estadístico sobre una nación que se desmorona.

 

 

QUITO: ENTRE LA REFORMA DE NOBOA Y EL CANIBALISMO BUROCRATICO

La reciente remisión a la Asamblea Nacional del proyecto de ley para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) por parte del presidente Noboa ha puesto el dedo en la llaga de una realidad innegable: el modelo administrativo del Distrito Metropolitano de Quito es obsoleto.

Bajo la pretensión de obligar a los municipios a destinar el 70% de su presupuesto a inversión y apenas un 30% a gasto corriente, la ley expone la vulnerabilidad de una capital que, históricamente, ha permitido que su presupuesto sea devorado por una estructura burocrática sobredimensionada. En Quito, no solo se gasta mucho; se gasta mal. Las secretarías, como la de Seguridad, se han transformado en entes “caníbales” que priorizan el pago de nóminas y cuotas políticas por encima de las cámaras, patrullas y alarmas que la ciudadanía exige a gritos.

La parálisis de la ciudad tiene responsables directos: un Concejo Metropolitano que ha renunciado a su rol legislativo. Los concejales, convertidos en figuras populistas y precandidatos permanentes a la Alcaldía, han ignorado la redacción del Estatuto Autonómico, la herramienta jurídica que permitiría a Quito dejar de ser un municipio estándar y convertirse en un Distrito real. Su desinterés por reformar el COOTAD o reestructurar secretarías inoperantes responde a una lógica perversa: mantener el statu quo que alimenta sus clientelas políticas.

Ante este escenario, la solución no es solo un recorte financiero, sino una revolución administrativa. Es imperativo migrar hacia un modelo de descentralización profunda mediante la creación de “minialcaldías”. El modelo actual de administradores zonales designados “a dedo” ha fracasado en su operatividad. Necesitamos administradores elegidos por voto popular en cada zona, con presupuesto propio y autonomía para ejecutar obras. Solo cuando el administrador responda directamente al vecino que lo eligió —y no al alcalde que lo nombró— se romperá el cuello de botella centralista que hoy asfixia a los barrios.

Reformar los presupuestos administrativos no es una opción, es una emergencia. El alcalde debe entender que su rol es la estrategia macro de la ciudad, mientras que la ejecución debe estar en manos de figuras territoriales responsables. Quito no puede seguir siendo el rehén de un Concejo que busca votos y de una matriz burocrática que consume los recursos destinados al asfalto y al agua potable.

La ley de Noboa puede ser el catalizador, pero la verdadera transformación vendrá cuando los quiteños exijan un Estatuto Autonómico que le devuelva la ciudad a sus barrios y se la quite a los burócratas. Es hora de que el dinero de los impuestos deje de alimentar el canibalismo político y empiece, finalmente, a construir ciudad.

La descentralización operativa y la elección directa de administradores zonales es, posiblemente, la reforma estructural más coherente para que Quito recupere su dinamismo.

Si este modelo se aplicara, la capital dejaría de ser un botín político para convertirse en una red de gestión eficiente, donde el ciudadano finalmente sea el jefe de quien administra su barrio.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador
Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. Si vas a hacer uso del mismo, por favor, cita la fuente y haz un enlace hacia la nota original en la dirección: https://www.elcomercio.com/cartas/cartas-a-quito-5-de-febrero-de-2026/?source=Internal&ref=Single+Same+Category

 

EL NAUFRAGIO DE LAS FORMAS EN LA ASAMBLEA NACIONAL

El reciente espectáculo protagonizado en el pleno de la Asamblea Nacional marca un nuevo punto de inflexión en la degradación del debate parlamentario en el Ecuador. El cruce verbal entre legisladores del bloque oficialista ADN y de la Revolución Ciudadana no solo fue "salvaje" por su intensidad, sino por la precariedad intelectual y la bajeza ética de quienes, en teoría, ostentan la representación de la soberanía popular.

Es alarmante que un legislador, en el ejercicio de sus funciones, recurra a un lenguaje soez, ruin y descalificador para referirse a sus pares. Pero resulta aún más ofensivo para la inteligencia pública que dicho asambleísta, tras proferir insultos que lo sitúan en la periferia de la decencia y la educación, haya tenido el atrevimiento de compararse con Sócrates.

La comparación con el filósofo griego no es solo un error histórico o una falta de modestia; es una muestra de cinismo. Mientras Sócrates dedicó su vida a la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la humildad intelectual —su célebre "solo sé que nada sé"—, el asambleísta en cuestión utilizó la palabra como un mazo para denigrar. El uso de la ironía socrática buscaba elevar al interlocutor hacia el conocimiento; el uso del lenguaje bajo en la Asamblea solo busca hundir al oponente en el fango de la descalificación personal.

Este incidente, ocurrido el 6 de enero de 2026 durante el debate de la Ley de Repetición, obligó incluso a la intervención de la escolta legislativa y a la suspensión de la sesión. No es un hecho aislado, sino el síntoma de una política que ha reemplazado los argumentos por los gritos y la dialéctica por la vulgaridad.

La ciudadanía asiste con estupor a este escenario donde la curul se convierte en un ring y la palabra en una ofensa. Un asambleísta que recurre al insulto traiciona su mandato. Si además pretende disfrazar su falta de educación con referencias filosóficas fuera de lugar, lo que hace es añadir el ridículo a la infamia.

La Asamblea Nacional urge de un baño de civismo y de un respeto mínimo por las formas. Sin respeto no hay debate, y sin debate la democracia es apenas una cáscara vacía donde el más fuerte o el más vulgar pretende imponer su verdad. El Ecuador merece legisladores a la altura de sus problemas, no ciudadanos que usen el poder para exhibir su propia carencia de valores y educación.

Abg. Carlos Eduardo Bustamante Salvador

Abogado Criminalista-Mediador