VOLVER A LA RAÍZ: ESTRATEGIA, PREVENCIÓN Y SOBERANÍA PARA RECUPERAR EL ECUADOR

 

Ecuador no puede seguir persiguiendo fantasmas mientras el crimen gobierna sus calles; llegó la hora de cambiar el fusil por la estrategia, devolver a cada institución su rol constitucional y recuperar el territorio desde la raíz. Más de dos años bajo la declaratoria de conflicto armado interno y un desfile interminable de estados de excepción han demostrado una verdad incómoda pero innegable: la fuerza militar en las calles es una herramienta de contención temporal, pero jamás será la cura definitiva para una sociedad sitiada por el crimen organizado.

 Mientras el Estado celebra operativos conjuntos y toques de queda en zonas urbanas, las organizaciones delictivas simplemente se adaptan, mutan y migran. El "efecto cucaracha" es hoy una realidad dolorosa que ha desplazado la violencia hacia rincones antes pacíficos de la Sierra, el Litoral y el Oriente, demostrando que empujar el problema de un cantón a otro no es vencerlo, sino prolongar la agonía de la nación.

 El corazón de la seguridad ciudadana se encuentra gravemente herido. El abandono de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) no solo dejó infraestructura vacía; significó la retirada del Estado del espacio público y la entrega voluntaria de los barrios al control de las mafias. La Policía Nacional ha sido condenada a un rol puramente reactivo: una institución que llega en patrulla cuando las balas ya cesaron, los delincuentes han huido y los cuerpos yacen en el asfalto. Este modelo post-delito es un fracaso absoluto que rompe el principio de disuasión y sepulta la confianza del ciudadano, quien hoy se siente profundamente desamparado.

 Recuperar el Ecuador requiere una transformación táctica audaz, urgente y alineada con la doctrina de seguridad, estructurada bajo pilares inquebrantables:

 Zapatero a tus zapatos: Devolver a las Fuerzas Armadas su misión sagrada: El rol de los militares no es patrullar esquinas urbanas ni revisar licencias de conducir. Las Fuerzas Armadas deben concentrar el 100% de su capacidad operativa, tecnológica y de inteligencia en su verdadera misión y visión constitucional: el mantenimiento de la soberanía nacional. El verdadero golpe estratégico ocurre al sellar las fronteras terrestres, militarizar y blindar los puertos y aeropuertos (principales autopistas de salida de la droga), y proteger la soberanía marítima y ambiental de Galápagos. Si las fuerzas armadas custodian las fronteras y los enclaves estratégicos, el crimen organizado se queda sin oxígeno logístico.

 El Retorno de la Policía Preventiva Comunitaria: Con las fronteras blindadas por los militares, la Policía Nacional debe volver a dominar la calle con un modelo completamente rediseñado. Esto implica transformar las antiguas UPC en subestaciones tácticas blindadas y fortificadas, capaces de resistir ataques y operar como cuarteles de respuesta inmediata, devolviendo la paz al tendero, al transportista y a la familia en el parque.

 Patrullaje Dinámico e Inteligencia Financiera: El patrullaje debe dejar de ser un recorrido aleatorio y convertirse en un despliegue inteligente guiado por mapas de calor criminal en tiempo real, respaldado en la superficie por policías equipados, y en el subsuelo económico por la UAFE, asfixiando las rutas de lavado de activos de quienes financian el terror desde la impunidad de un escritorio.

 Este no es un llamado a la rendición, sino un manifiesto a la acción inteligente y ordenada. Un Estado fuerte no es el que improvisa funciones, sino el que exige a cada institución cumplir el rol para el que fue entrenada. Las Fuerzas Armadas defendiendo la soberanía en las fronteras, los cielos y el mar; la Policía Nacional protegiendo al ciudadano en el barrio a través de la prevención y la cercanía. Es momento de que el Estado demuestre que su soberanía es real. Devolver la institucionalidad a su cauce correcto es el paso indispensable para arrebatarle el país a las redes criminales y devolverles a los ecuatorianos la libertad, la paz y la dignidad que les pertenecen.

 

 

EL DESPERTAR DEL APATISMO: ECUADOR ANTE LA FRACTURA DE SU ESTADO DE DERECHO

 

Ecuador se encuentra atrapado en una de las trampas más peligrosas para cualquier República: el anestesiante letargo del desinterés ciudadano frente al avance autocrático. La historia republicana nos ha enseñado que las democracias rara vez mueren de forma súbita; por el contrario, se desmoronan en silencio, arrebatadas por el cálculo quirúrgico de quienes ostentan el poder y por el preocupante «importamadrismo» de una población agotada que ha dejado de exigir lo mínimo a sus gobernantes.

 

Hoy, bajo la administración de Daniel Noboa, asistimos a un preocupante repliegue de las libertades fundamentales disfrazado de eficiencia táctica. El uso permanente de la narrativa del "Conflicto Armado Interno" ha servido para normalizar la excepcionalidad jurídica, mientras las calles siguen desprotegidas, los hospitales desabastecidos y las escuelas en el abandono. Sin embargo, el rasgo más alarmante de este giro autocrático no es solo la ineficacia en los servicios públicos, sino la sistemática captura de la disidencia.

 

La salud de una nación se mide por la independencia de sus árbitros y la libertad de sus contrapesos. Cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los tribunales actúan con celeridad quirúrgica para suspender y proscribir a las fuerzas políticas de oposición en la víspera de un proceso electoral crucial, el voto deja de ser una elección para convertirse en una preselección del régimen. Peor aún, cuando la fiscalización periodística —como las revelaciones del Caso Progen sobre la crisis energética— es silenciada mediante la persecución laboral y el amedrentamiento de los familiares de los comunicadores, el Estado de derecho se disuelve para dar paso a la venganza institucional. Perseguir a los hijos y esposas de quienes buscan la verdad es una práctica propia de autocracias autoritarias, no de un mandatario republicano.

 

Es hora de que la ciudadanía ecuatoriana despierte de su adormecimiento. Aceptar la impunidad y la asfixia democrática a cambio de promesas de seguridad incumplidas o videos efectistas en redes sociales es hipotecar el futuro de la nación. Exigimos con firmeza que el gobierno de Noboa respete las reglas del juego democrático, detenga la instrumentalización selectiva de la justicia y devuelva la neutralidad al Estado. La paz social no se construye silenciando periodistas ni proscribiendo partidos; se edifica con transparencia, institucionalidad y el respeto absoluto a la ley. El Ecuador no necesita un nuevo autócrata; urge ciudadanos despiertos dispuestos a defender su libertad.

 

¿DEMOCRACIA O TABLERO DE AJEDREZ? EL PELIGRO DE GANAR ELECCIONES EN LOS ESCRITORIOS

Ecuador transita por un terreno institucional pantanoso donde las reglas del juego democrático parecen amoldarse a las urgencias del poder de turno y no a la estabilidad de la República. El reciente adelanto de las elecciones seccionales para noviembre de este año, justificado bajo la premisa técnica de un Fenómeno de El Niño que amenaza con ser implacable, ha encendido las alarmas sobre la verdadera salud de nuestra democracia. Lo que para el oficialismo es una medida de prevención logística, para diversos sectores de la oposición se lee como un calculado movimiento estratégico diseñado para acortar los plazos de campaña y desarticular las estructuras territoriales en las principales ciudades del país.

 

La democracia no se limita al acto de depositar un voto en la urna; su esencia radica en la certeza jurídica, la competencia justa y la separación absoluta de poderes. Cuando la justicia electoral interviene para suspender a movimientos políticos a las puertas de una contienda, como ha ocurrido recientemente en la capital con plataformas vinculadas a la oposición, la sombra de la proscripción judicial se vuelve inevitable. Ganar elecciones en los escritorios de los tribunales en lugar de las calles debilita la legitimidad de las futuras autoridades y profunda la ya alarmante polarización que fractura al país.

 

Hoy, los principales índices internacionales ubican a Ecuador lejos de una democracia plena, catalogándolo técnicamente como un "régimen híbrido" o una "democracia deficiente" con un puntaje crítico que apenas roza los 5.5 sobre 10. Esta calificación no es gratuita: es el resultado directo de instituciones permeables, pugnas de poder que asfixian la gestión pública y un Estado de derecho debilitado por la crisis de seguridad. Mientras los recursos de seguridad ciudadana se diluyen en burocracia y casetas vacías en las calles de Quito, la macro-política se enfoca en el control de los gobiernos autónomos descentralizados mediante la imposición de candidaturas.

 

Frente a este panorama, la activación de las alertas por parte de organismos internacionales como la CIDH y la petición comunitaria de vigilar el proceso bajo la Carta Democrática de la OEA no deben ser vistas como simples disputas partidistas, sino como el último recurso de protección de los derechos civiles. Si Ecuador quiere evitar una deriva autoritaria y mantener el estatus de una nación libre, el Gobierno Central y las funciones del Estado deben garantizar que el proceso electoral de noviembre sea transparente, inclusivo y sin vetos. De lo contrario, seguiremos confirmando que en el país la ley se dobla al servicio de la conveniencia política, alejándonos cada vez más del ideal democrático que los ciudadanos merecen.

 

SR. PRESIDENTE DANIEL NOBOA 

Producto de la emisión y aprobación por consulta popular de la Constitución de la República en octubre del 2008, del Decreto Ejecutivo 632 del 27 de enero de 2011, del Código Orgánico Integral Penal de enero del 2014 y del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público de junio del 2017, la fuerza pública se ha desinstitucionalizado, restando su capacidad operativa, preventiva y disuasiva. 

Los sistemas de inteligencia y contrainteligencia de cada fuerza fueron eliminados, entregando toda su capacidad a la Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia), que se encargó de la vigilancia y neutralización de los ciudadanos opositores al régimen del período 2007-2017 (R. Correa). 

En el período 2017 – 2021 (Lenín Moreno), la Senain se transformó en CIES (Centro de Inteligencia Estratégica), sin que sus acciones logren determinar los responsables de la entrega dolosa del país al narcotráfico, cuyos tentáculos se apoderaron de la política y de los sectores estratégicos del Ecuador, creando una sociedad altamente polarizada política, económicamente, violenta y desnaturalizada, causando confusión y caos especialmente en los mal denominados centros de rehabilitación social, convertidos maliciosamente en lugares de hacinamiento, violando los más elementales derechos de los detenidos. 

Señor presidente de la República, de manera urgente forme un equipo de profesionales destacados en las áreas de derecho penal, constitucional, criminología, criminalística, sociología, antropología, psicología, rehabilitación social y control de estupefacientes y psicotrópicos, (civiles, no policías en servicio pasivo) entre otros, que redacten, enmienden y/o reformen los libros fundamentales de derecho penal, control de drogas, lavado de activos y delitos conexos, que permitan delinear una política criminal que perdure en el tiempo, de prevención y protección a la ciudadanía, ordenando, institucionalizando y legitimando la presencia de las fuerzas del orden.  

Profesionales que, conjuntamente con la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, codificarán los cuerpos legales para su aprobación y transformación del país en el menor tiempo. 

Carlos Eduardo Bustamante Salvador

Abogado - Criminalista - Mediador, Quito