¿DEMOCRACIA O TABLERO DE AJEDREZ? EL PELIGRO DE GANAR ELECCIONES EN LOS ESCRITORIOS

Ecuador transita por un terreno institucional pantanoso donde las reglas del juego democrático parecen amoldarse a las urgencias del poder de turno y no a la estabilidad de la República. El reciente adelanto de las elecciones seccionales para noviembre de este año, justificado bajo la premisa técnica de un Fenómeno de El Niño que amenaza con ser implacable, ha encendido las alarmas sobre la verdadera salud de nuestra democracia. Lo que para el oficialismo es una medida de prevención logística, para diversos sectores de la oposición se lee como un calculado movimiento estratégico diseñado para acortar los plazos de campaña y desarticular las estructuras territoriales en las principales ciudades del país.

 

La democracia no se limita al acto de depositar un voto en la urna; su esencia radica en la certeza jurídica, la competencia justa y la separación absoluta de poderes. Cuando la justicia electoral interviene para suspender a movimientos políticos a las puertas de una contienda, como ha ocurrido recientemente en la capital con plataformas vinculadas a la oposición, la sombra de la proscripción judicial se vuelve inevitable. Ganar elecciones en los escritorios de los tribunales en lugar de las calles debilita la legitimidad de las futuras autoridades y profunda la ya alarmante polarización que fractura al país.

 

Hoy, los principales índices internacionales ubican a Ecuador lejos de una democracia plena, catalogándolo técnicamente como un "régimen híbrido" o una "democracia deficiente" con un puntaje crítico que apenas roza los 5.5 sobre 10. Esta calificación no es gratuita: es el resultado directo de instituciones permeables, pugnas de poder que asfixian la gestión pública y un Estado de derecho debilitado por la crisis de seguridad. Mientras los recursos de seguridad ciudadana se diluyen en burocracia y casetas vacías en las calles de Quito, la macro-política se enfoca en el control de los gobiernos autónomos descentralizados mediante la imposición de candidaturas.

 

Frente a este panorama, la activación de las alertas por parte de organismos internacionales como la CIDH y la petición comunitaria de vigilar el proceso bajo la Carta Democrática de la OEA no deben ser vistas como simples disputas partidistas, sino como el último recurso de protección de los derechos civiles. Si Ecuador quiere evitar una deriva autoritaria y mantener el estatus de una nación libre, el Gobierno Central y las funciones del Estado deben garantizar que el proceso electoral de noviembre sea transparente, inclusivo y sin vetos. De lo contrario, seguiremos confirmando que en el país la ley se dobla al servicio de la conveniencia política, alejándonos cada vez más del ideal democrático que los ciudadanos merecen.