MÁS ALLÁ DE LA MULTA: EL VOTO COMO UN ACTO DE LEGÍTIMA DEFENSA

El Ecuador se encamina hacia un nuevo proceso electoral en medio de una anestesia social preocupante. Las papeletas que recibiremos para elegir alcaldes, prefectos, concejales y consejeros del CPCCS no reflejan opciones democráticas reales, sino el menú de un mercado de franquicias. Movimientos políticos de alquiler, candidatos que brincan de una ideología a otra sin pudor, y discursos vacíos que prometen "cero corrupción" o genialidades ilegales como duplicar jornadas laborales pisoteando la Constitución, configuran el paisaje de siempre.

Para ciudades como Quito, el panorama roza el canibalismo político. Doce precandidatos se disputan un botín institucional donde rostros conocidos y alcaldes en funciones buscan captar el poder bajo el amparo de cualquier casillero disponible. Paralelamente, el CPCCS se convierte en el destino codiciado de sus propios detractores históricos, demostrando que en el tablero nacional el pragmatismo de las élites siempre devora a la coherencia discursiva. Mientras tanto, la Asamblea Nacional prefiere el show de la fiscalización selectiva antes que reformar un Código de la Democracia diseñado expresamente para mantener las reglas de esta anarquía.

Ante este círculo vicioso, el ciudadano común asiste a las urnas con fastidio, empujado únicamente por la necesidad de retirar el certificado de votación para no pagar una multa o quedar bloqueado en el banco. Ese es el mayor triunfo de la clase política: convencernos de que el voto es un simple trámite obligatorio y no el ejercicio de poder más importante que posee un individuo en democracia.

Votar por descarte, por el más carismático o por el "menos malo" nos ha condenado a ser gobernados por autoridades elegidas por minorías famélicas, alcaldes con apenas el 20% de legitimidad y concejos municipales bloqueados desde el primer día. Cuando entregamos el voto por inercia, nos convertimos en cómplices directos de la parálisis de nuestras ciudades, del bache sin arreglar, de la inseguridad en las calles y del CPCCS convertido en reparto.

Este proceso electoral exige una rebelión desde la conciencia. El voto debe dejar de ser una obligación administrativa para convertirse en un acto de legítima defensa. Es hora de apagar el ruido del marketing político y encender el filtro técnico: exigir planes viables, revisar de dónde vienen los fondos de campaña y sepultar en las urnas a quienes creen que las ciudades se administran con demagogia. En la próxima jornada electoral, no votes para cumplir con el Estado; vota pensando en el país, en el futuro de tu ciudad y en tu propia dignidad. Nos estamos jugando la supervivencia de las comunidades donde vivimos