EL CASCARON DE LA SEGURIDAD

ENTRE EL NARCOTRÁFICO Y EL ABANDONO OPERATIVO

 

La seguridad ciudadana en el país ha dejado de ser una garantía estatal para convertirse en un ejercicio de supervivencia. Mientras la delincuencia organizada y el narcotráfico consolidan su control territorial, la estructura operativa de la Policía Nacional exhibe las costuras de un sistema que parece haber claudicado ante la magnitud de la amenaza. Ecuador cerró 2024 con cifras alarmantes y, según el Índice Global de Delincuencia Organizada 2025, se posiciona como el quinto país con mayor nivel de criminalidad organizada en el mundo.

El síntoma más visible de esta crisis es el abandono de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC). Lo que alguna vez fue el pilar de la cercanía con el barrio, hoy son infraestructuras vacías o custodiadas por un personal insuficiente que, irónicamente, teme por su propia vida. Este repliegue no es táctico, es forzado: entre 2020 y 2025, más de 9,600 uniformados se acogieron a la baja voluntaria, debilitando las filas en el momento de mayor necesidad.

A la falta de brazos se suma una carencia logística que raya en la negligencia. El patrullaje preventivo es hoy una quimera debido a la ausencia de vehículos operativos, armamento moderno y equipamiento básico. Esta precariedad ha confinado a la institución a una postura reactiva: la policía llega para recoger los casquillos o levantar el parte, pero rara vez para evitar el crimen. El desconcierto es generalizado; una sociedad que observa cómo sus custodios carecen de gasolina o municiones es una sociedad que se siente huérfana de autoridad.

La presencia de grupos delictivos organizados (GDO) ha mutado en una gobernanza criminal que las autoridades intentan mitigar con operativos focalizados, logrando incautaciones récord como las más de 211 toneladas de droga en 2025. Sin embargo, los golpes a la logística del narcotráfico no compensan el vacío en las calles. Sin una policía proactiva, dotada de recursos y con presencia territorial real en las UPC, la "seguridad" seguirá siendo un discurso de escritorio mientras la ciudadanía queda atrapada en el fuego cruzado de una guerra que el Estado parece estar peleando a medias.

Es urgente que el presupuesto deje de ser una cifra en el papel y se transforme en patrullas en las esquinas y policías en los barrios. De lo contrario, seguiremos administrando el miedo mientras la delincuencia organizada termina de ocupar los espacios que la institucionalidad ha decidido abandonar.

El punto de quiebre fue la promulgación del COESCOP, y del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, herramientas que, bajo el velo de la modernización, operó una desinstitucionalización sistemática, subordinando a la Policía Nacional al Ministerio del Interior en términos administrativos y financieros, arrebatando la agilidad que demanda la seguridad. Hoy, la falta de vehículos, medios técnicos e informáticos y el abandono de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) son el resultado de una dependencia burocrática que impide a la institución gestionar sus propios recursos con criterio técnico y urgencia policial.

 Para recuperar la proactividad y dejar de ser una fuerza meramente reactiva, es imperativo que la Policía Nacional recupere su autonomía administrativa y financiera, organizada bajo el sistema jerárquico disciplinario, centralizado y único. La institución policial requiere con urgencia:

1. Representación Judicial y Extrajudicial Propia: El mando policial debe recuperar la capacidad de actuar y defenderse jurídicamente de manera independiente, sin que sus decisiones técnicas pasen por el filtro de la conveniencia política de turno.
2. Un Régimen Disciplinario Específico: Es urgente sustituir el vacío dejado por la falta de un Código Orgánico y Disciplinario de Personal por una normativa que restaure la jerarquía y la disciplina, elementos que el COESCOP y el  Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos diluyeron  al tratar a los uniformados como burócratas de oficina.
3. Independencia del Poder Político: La subordinación total al Ministerio del Interior ha convertido la seguridad en un botín de gestión de imagen, dejando de lado la planificación estratégica de largo plazo que solo una autonomía técnica puede garantizar.

A 88 años de su profesionalización, la Policía Nacional no necesita tutelajes que la inmovilicen. Necesita las herramientas para autogobernarse bajo principios de transparencia y eficacia. El desconcierto generalizado de la sociedad y el repliegue de los uniformados por falta de medios son el precio de haber convertido a una institución histórica en un apéndice administrativo. Si queremos una policía proactiva, es hora de devolverle su autonomía; de lo contrario, seguiremos viendo cómo la delincuencia organizada ocupa, centímetro a centímetro, el espacio que el Estado abandonó al maniatar a su propia policía.

La seguridad del país no puede esperar los tiempos de la burocracia estatal que asciende generales por decreto.