Por: Carlos Bustamante Salvador
La medida a implementarse en mayo, pico y placa, coercitiva y desventurada atenta a los derechos constitucionales y fundamentales de libre circulación y movilización, afectando gravemente a la ciudadanía que con esfuerzo logra tener un solo vehículo para movilizarse en una urbe longitudinal.
El transporte público es un monopolio anacrónico, desmedido y exigente, con rutas fatigantes que atraviesan la ciudad, entorpeciendo el tránsito y contaminándolo. La ciudad no cuenta con un sistema moderno y eficiente de movilidad y accesibilidad con una red vial revalorizada en beneficio del peatón y de fácil circulación.
Las rutas de recorrido del transporte público deben ser cortas, no ingresar al casco colonial, integrarse al sistema metropolitano integral a través de centros de transferencia: el primero utilizando las instalaciones del ex terminal del Cumandá que recibiría al transporte del Valle y del sur de la ciudad; el segundo a construirse en la Avda. Universitaria y Occidental, que recibiría el transporte del norte; implementarse el servicio de taxi ruta para la ciudadanía que se moviliza en el centro de la ciudad; consolidar la provisión de estacionamiento público; complementar y optimizar la accesibilidad a los barrios populares y asentamientos, asegurando los niveles de calidad y seguridad.
