LA POLICIA NACIONAL Y LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS La aplicación de sanciones disciplinarias del Coescop tiene como fin generar medidas preventivas y correctivas. 24 de septiembre, 2021 El Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Coescop, tiene como objetivo regular la organización, el funcionamiento institucional, los regímenes de carrera profesional y administrativa disciplinaria del personal de las entidades de seguridad ciudadana y orden público; una de estas es la Policía Nacional, que se la califica como institución estatal, y mediante Decreto 632 del 17 de enero de 2011 perdió personería jurídica, legal y extrajudicial pasando al Ministerio del Interior sin que hasta la presente recupere su personería. La aplicación de las sanciones disciplinarias reguladas por el Coescop tiene como fin generar medidas preventivas y correctivas que permitan desarrollar la carrera profesional en igualdad de oportunidades, y la aplicación de las faltas administrativas disciplinarias debe cumplir principios mínimos de imparcialidad, verdad procesal, probidad, seguridad jurídica, buena fe y lealtad procesal; asegurando el debido proceso. Lamentablemente la realidad procesal administrativa disciplinaria redactada en el título III del Coescop atenta gravemente los derechos humanos de los servidores policiales y su procedimiento, esto es, la competencia para sancionar las faltas leves, graves y muy graves que posee Asuntos Internos de la Policía Nacional para sustanciar e investigar la infracción; es inconstitucional, pues la jerarquía está sobre el derecho y la razón, y al sustanciar sumarios administrativos se suele actuar de forma arbitraria con desconocimiento craso de los principios de litigación y las normas básicas del Derecho. En el proceso del sumario administrativo está presente un inspector de la Policía Nacional o su delegado, sin papel activo, se llega sin revisar previamente el proceso de investigación, pruebas de cargo y descargo, lo cual violenta en muchas ocasiones flagrantemente el debido proceso. (O) Carlos Bustamante Salvador, abogado criminalista, Quito