La inseguridad ciudadana por la que atraviesa el país de manera generalizada es consecuencia de la inexistencia de una política criminal que dicte el estado de manera ordenada y responsable, permitiendo que un solo ministerio sea el que ejecute sus políticas, a través del ministerio de gobierno y la policía nacional.
Muchas son las causas que han agravado profundamente a la sociedad desarticulándola y exponiéndola peligrosamente a la delincuencia común y organizada, una de éstas es el populismo y el clientelismo electoral, con sus consecuencias funestas como son la corrupción y desinstitucionalización del país y de los órganos del estado, recibiendo el ciudadano como valor agregado altos índices de desempleo, subempleo e inflación.
Decretar el estado excepción no es ni se aproximará a una solución preventiva ni represiva, ya que no se cumplen con los presupuestos determinados para el efecto, como los de grave conmoción interna, calamidad pública o agresión.
La seguridad de un país, región, familiar, personal, se la construye con políticas de empleo y desarrollo que permitan a la población sentir que su nivel de vida es digno y proactivo, recuperando la institucionalidad del país, ejerciendo una verdadera justicia igualitaria, independiente del estado central y sobretodo bajando los niveles de beligerancia e irrespeto semanales a las que estamos expuestos por parte del inquilino de Carondelet, que atenta a la integridad psíquica, moral y al buen nombre de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Basta ya de esa verborrea sin sentido, del atropello constante, del uso de un léxico de cantina que no podemos seguir permitiendo y que no es digno de alguien que se califica como Presidente Constitucional.
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