SOBERANIA LEGAL

Ninguna verdad política es ciertamente de mayor valor intrínseco, ni está autorizada por tan ilustres defensores del proyecto de constitución, en donde no es posible ocultar que existe la acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos, sean éstas de uno, de pocos o de muchos, constituyéndose con exactitud la definición misma de la tiranía.

La Constitución Política de un Estado vincula gobernantes y gobernados, con disposiciones jurídicas básicas y de gran generalidad, estructurando armónicamente los principios y normas, esto es la parte dogmática y la orgánica, imprimiéndoles sentido y sirviendo de criterio correcto para su exacta comprensión, principios que deben informar axiológicamente todo el ordenamiento constitucional y la hermenéutica del mismo, generando unidad y excluyendo resquicios. Respetar íntegramente los principios constitucionales es, en consecuencia, la clave para conservar la Constitución. Violar explícita o disimuladamente dichos principios, aunque sea pretextando circunstancias extraordinarias, es destruirla.

Montesquieu, manifestó que: "No puede haber libertad donde los poderes legislativo y ejecutivo se hallan unidos en la misma persona", o "donde todo el poder es ejercido por quienes lo poseen, los principios fundamentales de una constitución libre se hallan subvertidos."


La existencia y legalización de un gobierno democrático está en el juego leal y honesto que prepara al votante a tomar su decisión de manera libre y espontánea, alejándose francamente del uso exagerado del marketing social, ensalzando muchos sentimientos de orgullo, promoviendo muchos odios y temores, mintiendo y convenciendo de cosas muy alejadas de la realidad. Cargando sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque e infundiendo el temor y el miedo a la represión.

PROYECTO CONSTITUCIONAL ANTIAMBIENTALISTA

El desarrollo sustentable comprende el mejorar la calidad de vida humana y ambiental dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas, implica por lo tanto la explotación racional de los recursos actuales sin comprometer las futuras generaciones, privilegiando el medio ambiente como derecho de tercera generación.

La Constitución Política del Estado Ecuatoriano de 1998, reconoce la relación que existe entre el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad físicas y el entorno físico en el que vive el individuo. Protección que consta en el artículo 23 de los Derechos Civiles, numeral 6, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, asignando al Estado la responsabilidad de asegurar el ejercicio de este derecho.

La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices de la política que deberá aplicarse, así como determina las obligaciones, responsabilidades y los niveles de participación de los sectores público y privado; señalando los límites permisibles, controles y sanciones que en materia ambiental deberán aplicarse.

Cándidamente, se redacta el artículo 407, en el proyecto de la Nueva Constitución, que dice: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”.

El artículo en referencia es totalmente contradictorio y anárquico, la excepción de explotación a petición fundamentada, se opone por esencia a la protección del medio ambiente, ya que se está entregando un privilegio al Presidente de la República a título de interés nacional de disponer y explotar arbitrariamente, zonas declaradas como reservas naturales, destruyendo la biodiversidad, la capa de ozono y alterando el ecosistema, deteriorando gravemente de este modo el suelo y el agua.

Recordemos que, en un año y medio de ejercicio del poder del actual régimen, se han deforestado grandes cantidades de bosques, que han alterado el ecosistema, poniendo en riesgo las especies animales y vegetales propias del suelo ecuatoriano.

TRIBUNALES ELECTORALES OBSECUENTES

La democracia como forma de convivencia humana, antítesis de la concentración de poder, es la práctica de los postulados éticos de la coparticipación y corresponsabilidad, esto es, la participación y libre acceso a la política sin exclusión ni discriminación que limita o anula el ejercicio de los derechos fundamentales, garantía efectiva del estado social y democrático de derecho, apartarse de la ortodoxia política, violenta o manipula el orden constitucional, signo evidente de un estado autocrático.

El Tribunal Supremo Electoral integrado por siete vocales representantes de los partidos políticos, movimientos o alianzas que hayan obtenido las más altas votaciones, en las últimas elecciones pluripersonales, fueron ilegal e inconstitucionalmente removidos de sus funciones, colocando en su reemplazo a miembros del partido de gobierno, tanto en el Supremo Electoral como en los Provinciales.

La administración electoral por la seguridad de la ciudadanía y garantía de honestidad del proceso debe ser transparente, independiente e imparcial del gobierno, sin que exista inducción, esto es, persuasión para obrar en sentido favorable a los intereses particulares, más no al interés general.

Durante el ejercicio del mandato del actual gobierno, un año y medio aproximadamente, se han invertido grandes cantidades de dinero desde el primer día en propaganda pautada a favor del mismo, violando la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, con el único propósito de doblegar la reflexión, polarizando el pensamiento y sembrando el caos.

Me pregunto ¿El Tribunal Supremo Electoral ha contabilizado el gasto indiscriminado del dinero de los ecuatorianos en propaganda populista?; ¿Se procederá al descuento de los mismos de la campaña electoral?, ¿Las elecciones serán totalmente transparentes?