El desarrollo sustentable comprende el mejorar la calidad de vida humana y ambiental dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas, implica por lo tanto la explotación racional de los recursos actuales sin comprometer las futuras generaciones, privilegiando el medio ambiente como derecho de tercera generación.
La Constitución Política del Estado Ecuatoriano de 1998, reconoce la relación que existe entre el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad físicas y el entorno físico en el que vive el individuo. Protección que consta en el artículo 23 de los Derechos Civiles, numeral 6, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, asignando al Estado la responsabilidad de asegurar el ejercicio de este derecho.
La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices de la política que deberá aplicarse, así como determina las obligaciones, responsabilidades y los niveles de participación de los sectores público y privado; señalando los límites permisibles, controles y sanciones que en materia ambiental deberán aplicarse.
Cándidamente, se redacta el artículo 407, en el proyecto de la Nueva Constitución, que dice: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”.
El artículo en referencia es totalmente contradictorio y anárquico, la excepción de explotación a petición fundamentada, se opone por esencia a la protección del medio ambiente, ya que se está entregando un privilegio al Presidente de la República a título de interés nacional de disponer y explotar arbitrariamente, zonas declaradas como reservas naturales, destruyendo la biodiversidad, la capa de ozono y alterando el ecosistema, deteriorando gravemente de este modo el suelo y el agua.
Recordemos que, en un año y medio de ejercicio del poder del actual régimen, se han deforestado grandes cantidades de bosques, que han alterado el ecosistema, poniendo en riesgo las especies animales y vegetales propias del suelo ecuatoriano.
La Constitución Política del Estado Ecuatoriano de 1998, reconoce la relación que existe entre el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad físicas y el entorno físico en el que vive el individuo. Protección que consta en el artículo 23 de los Derechos Civiles, numeral 6, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, asignando al Estado la responsabilidad de asegurar el ejercicio de este derecho.
La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices de la política que deberá aplicarse, así como determina las obligaciones, responsabilidades y los niveles de participación de los sectores público y privado; señalando los límites permisibles, controles y sanciones que en materia ambiental deberán aplicarse.
Cándidamente, se redacta el artículo 407, en el proyecto de la Nueva Constitución, que dice: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”.
El artículo en referencia es totalmente contradictorio y anárquico, la excepción de explotación a petición fundamentada, se opone por esencia a la protección del medio ambiente, ya que se está entregando un privilegio al Presidente de la República a título de interés nacional de disponer y explotar arbitrariamente, zonas declaradas como reservas naturales, destruyendo la biodiversidad, la capa de ozono y alterando el ecosistema, deteriorando gravemente de este modo el suelo y el agua.
Recordemos que, en un año y medio de ejercicio del poder del actual régimen, se han deforestado grandes cantidades de bosques, que han alterado el ecosistema, poniendo en riesgo las especies animales y vegetales propias del suelo ecuatoriano.
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