Por: Carlos Bustamante Salvador
La fiscalización consiste en el ejercicio de todos aquellos medios de vigilancia y control electorales, con el objeto de asegurar que los comicios traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos. La Constitución Política del Estado vigente desde el 20 de octubre del 2008, garantiza el acceso a la información completa y fidedigna, y al Consejo Nacional Electoral la de organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales, así como el controlar la propaganda y gasto electoral, disposiciones que sin duda alguna están sujetas al control social.
El proceso electoral, pasado, no cumplió con el plazo determinado en la ley para entregar la información, por lo tanto el mandante en ejercicio de su derecho de participación deberá investigar y fiscalizar los actos que afectan gravemente su participación y voluntad, correspondiendo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establecer los mecanismos indispensables de transparencia y actuar como parte procesal que permita un conocimiento más exacto de la expresión del voto contribuyendo a la consolidación del sistema democrático, despejando la duda y eficacia electoral, que conlleva a la desconfianza del sistema y cuyos resultados finales tienen el carácter de hechos consumados.
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