Por: Carlos Bustamante Salvador
La administración pública constituye un servicio a la colectividad donde prevalece en todo momento el interés general de la población, al interés particular o personal; la intolerancia y la intimidación de una posible consulta popular no es la solución. Le recuerdo que las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados no podrán referirse a asuntos relativos a tributos. Los quiteños estamos dispuestos a colaborar con la ciudad en la ejecución de proyectos reales que mejoren la calidad de vida, seguridad y convivencia ciudadana. Los derechos innatos de toda persona son aquellos que se refieren al acceso de bienes y servicios públicos de calidad y la ciudad está realmente desatendida, no existe una calle que no tenga fisuras en su pavimento y baches, veredas sucias y basura en diferentes lugares. Un Concejo obsecuente que cuida su puesto y sus ingresos, sin importarle lo que suceda en la ciudad, merece el desprecio y la revocatoria del mandato por inoperantes. No se trata de conversación o de socialización sobre el tema de los combustibles, sino de solución a la problemática social y desorden.
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