Por Carlos Bustamante Salvador
Los acontecimientos suscitados en la última década que involucran a los miembros Policiales en actos de corrupción, abusos de poder, narcotráfico, tráfico de órganos, violación de los derechos humanos y extorsión, son consecuencia de una administración de justicia propia, interna, administrada jerárquicamente por personal uniformado, paralela a la administración de justicia ciudadana, que flagrantemente viola y desconoce la unidad jurisdiccional.
La Constitución Política del Estado en su disposición transitoria vigésima sexta taxativamente determina: “Todos los magistrados y jueces que dependan de la Función Ejecutiva pasarán a la Función Judicial, mientras las leyes no dispongan algo distinto, se someterán a sus propias leyes orgánicas. Esta disposición incluye a los jueces militares, de policía y de menores”.
La Policía Nacional por su característica y misión fundamental de garantizar la seguridad interna y orden público se vincula directamente con la actividad protectora de la comunidad, recayendo sobre ella una doble función de control preventivo y represivo del actuar delictivo, por lo que no puede ni debe alejarse de manera sectaria y parcializada de la administración de justicia común.
La imagen institucional de la Policía Nacional cada día se ha degradado más, generando en la ciudadanía desconfianza e inseguridad. Por lo tanto es urgente que una institución independiente realice una auditoría de personal que permita determinar la conducta profesional y judicial de cada uno de sus integrantes, depurando y separando de sus filas definitivamente a quienes visten un uniforme al que deshonran y denigran con su procedimiento.
La ciudadanía requiere de uniformados con un alto espíritu de respeto a los derechos humanos que establezcan un adecuado equilibrio entre las Leyes y su acatamiento, que garanticen el orden público – jurídico e institucional del país.
La deslegitimación de la Policía Nacional en la última década, involucra a los miembros Policiales en actos de corrupción y abuso de poder; narcotráfico y tráfico de órganos; violación de los derechos humanos y extorsión; desprotección ciudadana y ausencia de supervisión; producto de una administración de justicia propia, interna, jerárquica que cumple órdenes, paralela a la administración de justicia ciudadana, que flagrantemente viola la Constitución y desconoce la unidad jurisdiccional.
La inestabilidad del personal, su selección desacertada; la precaria capacitación y equipamiento inadecuado; la ausencia de personal operativo en las ciudades; la incompetencia y negligencia de la policía comunitaria; y, la inequitativa distribución salarial entre oficiales y personal en servicio activo y pasivo, constituyen factores determinantes, urgentes de cambio de las políticas del mando, depuración interna y de reforma.
La reforma policial plantea la descentralización y desconcentración burocrática del personal, que los cuarenta y dos mil policías en todas las jerarquías cumplan con la misión y visión que la ciudadanía les entregó, esto es de seguridad interna y protección permanente en todo momento a las personas y los bienes.
Una administración cívica, con manejo civil de la institucionalidad permitirá la existencia de una policía de proximidad, responsable, operativa, democrática, que garantice el manejo transparente de la información pública, de manera que se facilite la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general; la rendición de cuentas y su fiscalización a través de las veedurías ciudadanas, cumplen con los mínimos presupuestos éticos y morales de transparencia que garantizan la vigencia del estado de derecho.
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